La consejera de Hacienda en funciones y diputada electa
de la Asamblea de Ceuta Kissy Chandiramani ha pedido a la Sección VI de la
Audiencia Provincial que
anule su imputación por los presuntos delitos de
falsedad en documento público y estafa que le atribuye Susana Román en sus aportaciones testificales y documentales a la instrucción del '
caso Emvicesa'. Según el recurso registrado por su representación legal, los hechos que se le atribuyen “no son constitutivos de ilícito penal alguno sin necesidad de practicar ningún acto de instrucción”, pues no pasarían en el peor de los casos de imprecisiones sin dolo o valoraciones como testigo que en ningún caso habrían generado daño real o potencial para nadie. “De la simple contemplación de la denuncia y los documentos de la acompañan, sin mayor necesidad de acto de instrucción o averiguación y con un mínimo análisis de los hechos denunciados”, concluye el escrito, “podemos concluir que los hechos objeto de la denuncia carecen de relevancia penal, quedando a la espera de la valoración que de los mismos pueda hacer la Audiencia Provincial en el
acto del juicio oral que está previsto desarrollar a partir del 24 de octubre”. Román cree que Chandiramani influyó de forma determinante en la evolución de la instrucción del 'caso
Emvicesa', en el que está procesada, con “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”. Entre otras cosas la exconsejera considera que identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, que atribuyó a dicho órgano una potestad “exclusiva” de adjudicación que no tenía, que tildó de “imprescindible” hacer una baremación de solicitudes pese a que existían alternativas reguladas y que obvió la existencia acreditada de compromisos heredados de promociones anteriores.
El argumento de la defensa
A juicio de la defensa de Chandiramani, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 debería haber hecho, al recibir la denuncia, “un primer juicio sobre el posible carácter delictivo de la conducta” que no hizo, dando pie a 'penas de banquillo' además en plena
campaña electoral para las municipales del pasado 28 de mayo. Si lo hubiera efectuado, entiende, la habría inadmitido a trámite. “
La denuncia [de Román]”, alega el recurso, “no trata de la confección de documentos ajenos al procedimiento judicial y que por alguna circunstancia más o menos cercana o remota acabaran formando parte del mismo, sino que se elaboran 'ad hoc' por su autora a requerimiento judicial, consciente desde el primer momento que la finalidad primordial cuando no única es su incorporación como prueba documental a las actuaciones”. Tal y como refiere, “todos los documentos” a los que alude la exconsejera están en el sumario del 'caso Emvicesa' desde hace siete años “sin que nadie hasta la fecha haya reparado en incorrección alguna ni se haya promovido actuación alguna en el seno de las diligencias previas”. Para la defensa de Chandiramani los documentos que aportó y sus testificales “podrán ser más o menos acertados en sus consideraciones, pero en ningún caso pueden calificarse como irregulares desde el punto de vista penal”. “Las eventuales inconcreciones o erratas que en el peor de los casos pudieran contener son atípicas por no encontrar acomodo posible en los delitos de falsedad documental o fraude procesal” a la luz de la jurisprudencia del Supremo. El recurso admite que algún escrito se pudo redactar “con más precisión”, pero niega que diese pie a “daño real o meramente potencial” para ningún investigado. Igualmente acepta que que en sus testificales asumió “dudas jurídicas” que tampoco han influido de forma decisiva a la evolución de la causa principal.