La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha defendido este miércoles ante el Pleno el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2024, un documento que alcanza un montante de casi 374 millones de euros que ha interpretado como una forma de “reflexionar” sobre “el futuro que queremos” y de “volver a la normalidad” tras dos ejercicios de ingresos extraordinarios ligados a la pandemia o la crisis migratoria de mayo de 2021.
“No es una correlación de números, sino un compromiso con la igualdad y el desarrollo de los ceutíes para construir una ciudad más fuerte para las generaciones venideras con confianza en el camino que estamos recorriendo juntos”, ha reseñado.
Se trata, ha dicho, de un expediente “pragmático” que evita el “bloqueo” de la institución y que prioriza “mejorar la prestación de los servicios públicos municipales” sin laminar las políticas de gasto social.
“Si no pudiésemos aprobar Presupuestos”, ha advertido la miembro del Ejecutivo local, “el presidente tendría que prorrogar los de 2023 eliminando gastos específicos y suprimiendo las inversiones con fondos europeos, las subvenciones quedarían bloqueadas y las transferencias a las sociedades municipales, congeladas o paralizadas...”.
Chandiramani ha valorado que el resultado de las elecciones de mayo ha demostrado que los próximos cuatro años seguirá siendo necesario “dialogar y entendernos”. “Hemos intentado desde agosto llegar a acuerdos con quienes han querido”, se ha referido a sus contactos con la oposición con un agradecimiento explícito a todos los funcionarios de Hacienda, a resto de consejeros, al presidente, a los agentes sociales y a todos los grupos políticos.
“En 2024 habrá que estar atentos a la evolucíón de la normativa en la UE con el previsible retorno de las Reglas Fiscales”, ha indicado la consejera durante una intervención inicial de media hora en la que ha valorado que el comienzo de la legislatura es el momento idóneo para proyectar las inversiones que se ejecutarán a corto y medio plazo, ahora enfocadas hacia un nuevo modelo económico de desarrollo “más verde, digital y azul”.
Ha confirmado que “en breve” se materializará la rebaja del IPSI comprometida para facilitar la “reconversión” del sector comercial, así como la 'cuota cero' para los autónomos. Igualmente se insistirá en tener una frontera como cualquier otra de la UE, con plena aplicación del acervo Schengen y aduana comercial; y en mantener unas “buenas relaciones” con el país vecino pero apostando por “más España y más Europa”.
La Ciudad va a lidiar con la tendencia inflacionista y de subida de los tipos de interés vigente refinanciando algo más de 45 millones de su deuda viva, operación con la que prevé pagar entre 300.000 y 600.000 euros menos de intereses. En 2024 se amortizarán 17 millones de deuda viva y se pedirán 31 a los bancos.
La consejera quiere también detallar el coste que asume la administración local por competencias transferidas o impropias para, en su caso, reclamar una mejora de su financiación por parte del Estado, así como blindar una rebaja del 50% en cualquier nuevo impuesto que se implante. Chandiramani ha vuelto a lamentar el reciente cambio del régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y ha urgido a implementar el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico.
“Queremos blindar nuestro REF para incentivar la residencia y radicación de empresas; insistir en la aplicación del Plan Integral; apoyar al sector comercial y los tecnológicos con posibilidad de desarrollo; potenciar la presencia del Estado con más inversiones y recursos humanos en ámbitos como Educación, Sanidad, Justicia o Servicios Sociales; proteger con una ley los recursos que recibe esta administración; mejorar las comunicaciones con la península y garantizar unos servicios públicos de calidad equiparable al resto de España”, ha resumido.
La consejera ha repasado los 150 millones que se dedicarán a Personal, un 10,9% más por la subida prevista del 2% para el conjunto de los empleados públicos, la actualización de las retribuciones de los cargos políticos para acomodarlas a la responsabilidad que asume cada uno y la asunción de la gestión del Plan de Empleo.
El Plan de Inversiones para los próximos cuatro años alcanza un montante superior a 170 millones de euros a razón de casi 38 por ejercicio y primará la gestión directa (al menos parcial) de la limpieza pública, la administración electrónica, la construcción de Viviendas, la dotación de medios para la Policía Local o el Cuerpo de Bomberos...
