A la interpelación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) sobre la decisión de eliminar la fiscalización en las adjudicaciones a empresas del Grupo Tragsa y Tragsatec, la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kissy Chandiramani ha asegurado que “lo que hemos eliminado es la fiscalización previa por rapidez”.
La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, ha comenzado su intervención recordando que siempre han sido críticos sobre “las innumerables obras adjudicadas a Tragsa”, señalando como crítica que “no han cumplido los plazos, sin contar los elevados costes”.
Hamed ha asegurado que el grupo se ha “embolsando cantidades millonarias a cambio de incumplimientos en los plazos de ejecución” y ha señalado que resultaría más beneficioso “licitar y adjudicar a empresas de la ciudad”.
Ante este panorama, se ha quejado porque a su juicio ahora ni la oposición ni la propia intervención podrán fiscalizar ante la decisión sobre la que ha pedido explicaciones, solicitando además respuestas sobre cuántas obras ha terminado el grupo en tiempo, en cuanto a los criterios de contratación a suprimir, así como cuántos ayuntamientos ha tomado determinaciones similares al tratarse de grandes empresas.
Como primer contraargumento, Chandiramani ha señalado que a lo que ha hecho referencia MDyC “no es un decreto, sino una propuesta que se lleva al Consejo de Gobierno, no he firmado un decreto”.
Por otra parte, ha explicado que la intención es agilizar los trámites, pero no solo con Tragsa, sino también con el sector público periférico al eliminar lo que ha calificado como una “fiscalización doble”.
Al respecto ha recordado que los técnicos realizan una valoración en función a unas tasas ya aprobadas por el Consejo de Ministros. “El técnico de la casa hace un informe técnico y lo hace en base a esos precios públicos”, ha indicado en cuanto a la fiscalización previa.
Chandiramani ha dejado claro que lo que se plantea “no supondrá una merma en la calidad de los expedientes” y que se hace siguiendo los procedimientos legales”.
Sin embargo, Hamed no se ha mostrado en contra de una doble o hasta triple fiscalización “para mayor seguridad”, señalando que en esos procesos previos “se detectan muchas cosas”.
Para finalizar, Chandiramani ha defendido que Tragsa y Tragsatec son entidades públicas y ha insistido en que “lo que hemos eliminado es la fiscalización previa por rapidez”, recalcando que los precios están adecuados a las tarifas aprobadas por Consejo de Ministros y que los técnicos “no tienen potestad para cambiarlas”.
Ha señalado que se trata de darle agilidad a los procedimientos administrativos.
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