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Chandiramani aplica la subida del 2,5% para el personal de la Ciudad

El Gobierno valora la "solvencia" que exhibe la administración implementando los incrementos salariales antes incluso que el Estado

La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ya ha firmado el decreto con el que la Ciudad Autónoma dará cumplimiento a lo previsto en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 respecto a las retribuciones del personal al servicio del sector público.

Los aproximadamente 2.500 empleados de la administración local percibirán desde ya, en sus nóminas del mes de enero, un incremento del 2,5% en sus remuneraciones respecto a las vigentes el pasado 31 de diciembre.

La subida de sueldos afecta a las retribuciones íntegras del personal de la Ciudad, de sus organismos autónomos, de las sociedades mercantiles y de la Fundación Premio Convivencia.

Desde el Ejecutivo local han valorado la demostración de “solvencia” que hace la Ciudad “cumpliendo y abonando todas sus obligaciones salariales, así como garantizando la estabilidad del funcionariado”.

No solo ahora. “En noviembre implementamos sin ningún problema ni demora la subida sorpresa que aprobó el Gobienro central y desde el minuto cero dictamos las directrices para proceder a la actualización de salarios ese mismo mes a pesar de que se permitía que no hiciera hasta marzo de este año”, han recordado fuentes del Gobierno autonómico que preside Juan Vivas.

La Administración General del Estado no logró, por ejemplo, cumplir en Ceuta al pie de la letra con que su personal cobrara a finales de noviembre un 1,5% con carácter retroactivo al 1 de enero.

En 2023 se producirá, en las retribuciones de los empleados de las administraciones, la referida alza fija del 2,5%, ampliable en otro 1% según la evolución del PIB y el IPC. La subida salarial plurianual para el periodo 2022-2024 supondrá una revalorización mínima de un 8% en esos años, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado 19 de octubre.

Ese porcentaje fijo se podría incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que la subida salarial de cada ejercicio se consolida.

En 2024, un 2% al alza fijo y otro 0,5% variable

El próximo ejercicio la subida salarial de los empleados de las administraciones públicas, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos, será del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas este año. A ese porcentaje fijo puede añadirse otro 0,5% adicional en el caso de que el IPC entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo. El mismo tendría efectos desde el 1 de enero de 2024.

El pacto con los sindicatos incluye Eliminar las limitaciones que impiden la negociación e implantación de una jornada ordinaria de 35 horas en las Administraciones Públicas y extender esta jornada más allá del Estado.

Los gastos de acción social no podrán aumentar sobre 2022

El decreto suscrito por Chandiramani establece que los gastos de acción social no podrán incrementarse en términos globales respecto a los de 2022, ya que se considera que estos son “beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público”.

La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dichos trabajadores en el año anterior.

La Ciudad tiene consignación presupuestaria para asumir la mejora salarial

Se exceptúan, en todo caso las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social; las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador; y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia “en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público estatal” continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2023 o “con el que proceda para alcanzar estas últimas”, según la resolución de la consejera.

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