Chacón consigue más vigilantes, hasta un total de 36, para el CETI

Cuando el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, dialogaba en la mañana de ayer con los periodistas sobre la situación de los subsaharianos, desconocía que la jueza había firmado una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en la plaza de los Reyes. Y así es porque echa por tierra la resolución firmada por Fernández Chacón, mientras hace más fuertes las tesis y forma de materializarlas en público, que han utilizado los subsaharianos.
Ante los periodistas el delegado matizaba que su resolución no se había puesto nunca en entredicho, sino, más bien, lo que se ha juzgado o cuestionado “es el acto” de los subsaharianos. Lo decía y se posicionaba afín a las tesis del Ministerio Fiscal que acusa de falta y delito a los subsaharianos y que recurrirá los dos fallos judiciales ya dictados.
Mientras digiere la sentencia, y, probablemente, se prepara otra resolución para futuribles concentraciones al estilo de los ‘paramilitares’, lo que sí ha conseguido el delegado del Gobierno es obtener de Madrid el compromiso de un mayor incremento en la plantilla de vigilantes del CETI. Se pasaría de la plantilla actual que no ronda la docena a, por lo menos, 36, distribuidos en turnos de 15 vigilantes por la mañana, otros 15 por la tarde, y el resto de noche. Con dicha plantilla se quieren mejorar unos sistemas de vigilancia y control que han quedado en evidencia tras el motín protagonizado tras el partido de Ghana y, sobre todo, el pasado viernes, cuando los manifestantes intentaron organizar una algarada, acorralaron a un vigilante y amenazaron de muerte al resto de operarios.
Ahora misma una patrulla policial vigila el campamento y cuando se apruebe este aumento de plantilla, se engordará la lista de trabajadores cuya única misión es la de garantizar la seguridad en el campamento.
El propio Chacón manifestó que ahora la situación en el CETI es de tranquilidad pero que se mantiene un refuerzo en materia de seguridad a través de la Policía Nacional por si se produce otro repunte.
Los subsaharianos que han protagonizado estos episodios díscolos conocían ayer, extraoficialmente, los resultados de las sentencias y así lo exteriorizaron al resto de compañeros del campamento. Un detalle que no ha gustado ya que intentan alentar al resto de inmigrantes a que sigan sus comportamientos haciéndoles ver eso de ‘luego no les pasará nada’. De momento el resto de sin papeles les ignora, pero las fuerzas de seguridad tienen en cuenta este detalle. Por el comportamiento del que hicieron gala el pasado viernes, haciendo gestos obscenos ante personas adultas, no se les puede imputar delito alguno ya que las únicas denunciantes que han acudido a la Jefatura son mayores de edad.
Por cierto que los inmigrantes han conseguido evadirse de la acción judicial en dos de tres de sus detenciones, pero no de la vía administrativa. Y es que las identificaciones que llevaron a cabo los agentes de la Policía Nacional han dado lugar a la tramitación de expedientes de sanción que siguen su curso en la Delegación del Gobierno y que tienen que ver con el incumplimiento de la Ley 1/92. Hay cerca de 70 expedientes que conllevarían una sanción económica de al menos 300 euros y, de no pagarlas, daría lugar a un antecedente. De éstos ninguno tiene que ver con la contaminación acústica ya que el sonómetro empleado por la Policía Local para las mediciones no tiene valor para sancionar.
En cuanto a posibles salidas de inmigrantes a la península, el delegado del Gobierno no quiso posicionarse sobre este punto, dejándolo en manos del protocolo establecido en materia de extranjería. En un CIE de la península continúan los 14 inmigrantes de Camerún que fueron expulsados por la Jefatura Superior en plena vorágine de ‘cartonazos’.