La CGT demanda a la Delegación del Gobierno en Ceuta por un ERE encubierto

Ochocientos sesenta y un trabajadores beneficiarios del más reciente Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno en Ceuta se suman a los contratados durante 2019 y 2020 para reclamar las retribuciones previstas en el IV Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado y que no habrían recibido ya que no están reflejadas en sus recibos de pago.

La información fue dada a conocer por el secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, mediante una comunicación enviada a El Faro de Ceuta donde indica que la CGT ha interpuesto una demanda por ERE encubierto a los trabajadores del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno, además de demandas individuales por vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, además de reclamar las diferencias salariales respecto al IV Convenio del Personal Laboral de la Administración.

“Desde la asesoría jurídica de CGT se considera que nos encontramos ante un ERE encubierto que afecta al despido de 861 trabajadores, la mayoría mujeres, cuando precisamente Ceuta presenta según la EPA el mayor índice del Estado de paro femenino”.

Para el representante de la CGT, la Delegación de Gobierno está incumpliendo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores “lo que nos hace ser optimistas respecto al pronunciamiento judicial que se vaya a emitir, dado que el propio estatuto en su artículo 52 lo reconoce como despido colectivo”.

Añade el comunicado que “el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta es el conocedor de la demanda de despido colectivo interpuesta, estando en espera de señalamiento para la celebración de la correspondiente vista de juicio”.

“Respecto a las demandas individuales, confiamos en que la señora Magistrada mantenga el mismo criterio que ha establecido hasta ahora con las múltiples sentencias emitidas respecto a los planes de empleo 19/20”, puntualizó la información enviada a la redacción.

La CGT ya ha alcanzado 16 sentencias contrarias a la Delegación del Gobierno tras las acusaciones de los representantes de los trabajadores de que los Planes de Empleo de 2019 vulneraban sus derechos y por las que la Administración de la Plaza de los Reyes tendrá que abonar un promedio de mil euros a cada uno, pero el montante varía en función de las categorías profesionales.