La Confederación General del Trabajo (CGT) en Ceuta ha anunciado este martes, a través de un comunicado, la convocatoria a una protesta que se llevará a cabo frente al Palacio de la Asamblea, con el objetivo de platear la situación
de la plantilla de Obimace. CGT ha señalado que ya ha comunicado formalmente el acto en cuestión
a la Delegación del Gobierno y que una vez cumplido este requisito, la movilización se realizará el próximo miércoles 7 de septiembre, a las 10:00 horas. Desde la Confenderación han señalado que los motivos específicos de la protesta tienen que ver fundamentalmente "con la situación de la flota de vehículos que no garantizan en muchos casos la seguridad vial, la no puesta en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías, la no consolidación, ni retributiva ni en funciones, de las categorías profesionales a trabajadores y trabajadoras que llevan años realizando movilidad funcional a categoría superior, la congelación salarial que sufre la plantilla desde 2006". Sobre la actividad en cuestión, la Confederación General del Trabajo en Ceuta ha comentado que durante el transcurso del acto reivindicativo, aprovechando la presencia en Ceuta del secretario general de CGT Andalucía, Ceuta
y Melilla, Miguel Montenegro, "se intentará mantener una reunión al respecto con Yamal Driss a quien formalmente se le va a solicitar mediante registro de entrada". Hay que recordar, por ejemplo, que a principios de julio, a través de un breve comunicado, la Confederación había señalado que tras constatar la "pasividad de la empresa", en referencia a los responsables de Obimace, se había tomado la decisión de acudir a la inspección de trabajo ante la cual se estarían denunciando "gravísimos incumplimientos hacia la plantilla". Con más a detalle, CGT explicaba que la principal razón para la toma de esta decisión era que, con el mes de julio ya avanzado, los trabajadores seguían sin contar con la uniformidad de verano algo que, explicaban, "supone un atentado directo a la seguridad y salud laboral de los
empleados y empleadas".