Tras la readmisión el pasado 10 de marzo de las tres trabajadoras sociales que habían sido despedidas por la
Ciudad Autónoma de Ceuta "injusta e ilegalmente", la
Confederación General del Trabajo (CGT) ante la situación del colectivo anunciaba se ha concentrado a las 11.00 horas de este martes frente al Ayuntamiento, para exigir una respuesta sobre la situación de 12 de sus trabajadores sociales, cuyo futuro es incierto. Tras la concentración, la Dirección General de Presidencia de la Ciudad ha anunciado el cese de 9 de las 12 trabajadoras sociales de la bolsa de empleo en una reunión derivada de la protesta de este martes. "Este anuncio se produce tras un trato despectivo en el que, cuál pelota de pin pon, se ha intentado desde esa Dirección General responsabilizar a Recursos Humanos del ayuntamiento y desde este área se ha conminado a las trabajadoras a solicitar que desde la Dirección General mencionada se hiciese una comunicación solicitando las prórrogas de los contratos actuales que prevén su finalización el 31 de marzo pese a la falta de preaviso empresarial", han confirmado desde el sindicato en nota de prensa. Para CGT y para las trabajadoras afectada la "sorpresiva" afirmación del director general de Presidencia "tras haber respondido Marruecos a una pequeña parte (75) de las más de 700 solicitudes de información sobre las circunstancias sociofamiliares en origen de menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad autónoma en mayo cuando Ceuta recibió a más de 1.300 de Marruecos". De esos 75 expedientes que ha remitido Marruecos, según indica CGT, hasta el momento "se deben realizar los preceptivos informes de vulnerabilidad" por parte de las trabajadoras sociales previamente a la "incoación de expedientes de repatriación de menores velando por su interés superior", lo que hace que "prescindir de estas compañeras suponga un auténtico despropósito institucional ante la necesidad imperiosa de esos informes previos y la carencia real de plantilla" de trabajadoras sociales en el ayuntamiento. "Tras el periplo en la sede consistorial entre Recursos Humanos y la Dirección General se ha producido una reunión entre las personas afectadas y CGT en la que se ha acordado que si finalmente se producen los anunciados ceses el 31 de marzo, a partir del 1 de abril realizarán una sentada diaria ante las puertas del ayuntamiento además de iniciar nuevas acciones legales. Desde CGT continuaremos informando de cuanto acontezca sobre esta dantesca e incoherente situación provocada por los gestores del Ayuntamiento de Ceuta", han concluido.
Concentración de esta mañana
Según han denunciado, estas 12 profesionales continúan "en vilo ante la indefinición del equipo de Gobierno municipal sobre sus vigentes contratos", por lo que esperan que se resuelva cuanto antes y "encontrar una vía de interlocución válida que aclare el futuro próximo de las compañeras y garantice, al menos el año de contrato regulado en la bolsa de empleo que fue publicada oficialmente en el
BOCCE regulando las condiciones de contratación". El vocero de la movilización ha sido Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, quien se ha referido a las razones de la protesta. “Hoy estamos aquí como medida de protesta por la situación en la que se mantiene a doce compañeras y compañeros trabajadores sociales de la Bolsa de Empleo que tienen una incertidumbre sobre su futuro”, ha comentado. Ha explicado lo que ha ocurrido tras la readmisión de dos compañeras que habían sido despedidas recientemente, tras cinco meses de trabajo, y ha explicado que “aunque el Ayuntamiento no las reconozca como tales, ahora el 31 de marzo vuelve a expirar parte del tiempo que tenían que tener contratadas, y esa es la incertidumbre que mantienen”. Ha señalado que por esta razón es que, a través de la protesta, buscan una interlocución con la Consejería de Presidencia, de la que directamente dependen los afectados, “para intentar buscar una solución razonada y razonable para el futuro de estas compañeras y compañeros”. Montenegro ha dicho que la petición principal es que se cumpla lo que salió publicado en el BOCE en lo que respecta a la Bolsa de Empleo y que se garantice, como mínimo, un año de empleo a estos 12 trabajadores y trabajadoras sociales. “A posteriori veremos la calidad de esos contratos que se realizaron en su momento, que nos tememos que no estén muy dentro de la legalidad”.
Ya interpusieron denuncia ante la Inspección de Trabajo
"CGT espera poder conseguir compromisos serios de la Administración y poner fin al sin vivir de estas 12 trabajadoras sociales que solo aspiran a que se respeten las normas establecidas y se les deje trabajar con tranquilidad en esa gran labor social que realizan en Ceuta", explicaban previamente en nota de prensa. De hecho, el sindicato ya interpuso denuncia en la Inspección de Trabajo contra el ayuntamiento en relación a la situación que se está haciendo padecer a las 12 personas provenientes de la bolsa de empleo, en su mayoría mujeres, y que continúa "en espera de resolución". "Desde CGT apostamos por poner fin a las contrataciones fraudulentas y en abuso de temporalidad en las administraciones públicas, que deben ser ejemplo de cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente", proseguían en el comunicado.
Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno
Por otro lado, desde la Confederación General del Trabajo han informado de que este martes también está señalado en el Juzgado de lo social número 1 de Ceuta el primero de los juicios interpuestos por CGT respecto al
Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno de 2020/2021, donde "se cuestionará el despido colectivo de en torno a 800 trabajadoras, además de las condiciones laborales establecidas en sus contratos". "Algo sobre lo que los tribunales ya han dejado claro en relación al Plan de Empleo 2019/2020 que estamos ante una flagrante vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación declarando en todas las sentencias que ha sido violado por la Delegación del Gobierno de Ceuta", puntualizan. Por todo ello, CGT "confía en nuevos pronunciamientos favorables" a los trabajadores afectados y que "se ponga fin de inmediato a este atropello institucional hacía los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores ceutíes por parte de quien debe hacer valer el estricto cumplimiento del texto constitucional".