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CGT ha instado a la Ciudad Autónoma de Ceuta a que cualquiera de las empresas municipales, –menciona en su nota de prensa a Obimasa, Obimace y Amgevicesa– absorban a las
Brigadas Verdes desde este domingo, 1 de enero, después de que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
(FPAV) haya descartado seguir con su gestión por tres millones de euros. Para este sindicato, la opción que se "hurtó" votar en el referéndum "al que se llevó" a la plantilla de Brigadas Verdes era "pasar a cualquiera de las empresas municipales", a su juicio, "la elegida por la inmensa mayoría de las trabajadores. Ahora, sostiene esta representación de los trabajadores, es la que está encima de la mesa tras la renuncia de la FPAV a suscribir una prórroga "a la baja" del que denomina como servicio municipal. La FPAV, como interpreta el sindicato tras conocer la nota emitida este martes "desentendiéndose" de las 134 familias de Brigadas Verdes, viene a "dar la razón" a CGT "pese a que en su día se opuso en el juzgado a reconocer la cesión ilegal de trabajadores que planteamos". Sin embargo, ahora, cuando desde la Ciudad "se recortan miles de euros" a la Federación y "a cambio están dispuestos" a dar millones de euros a Tragsa con el "beneplácito" de sindicatos "del sistema y de la mayoría del arco político ceutí, deja a trabajadores y trabajadoras en manos de su legítimo empleador, el Ayuntamiento de Ceuta", ha indicado CGT.
"Maltratados", pero "parte directa" de la Ciudad
Para este sindicato siempre estuvo claro que las Brigadas Verdes son "parte directa" del empleo público de Ceuta, "aunque maltratado y discriminado respecto a otras empresas municipales y así lo hemos defendido y denunciado reiteradamente como se puede comprobar por las hemerotecas". CGT defiende que la ciudad deberá absorber a la plantilla de Brigadas Verdes desde el 1 de enero próximo y situarla en Obimasa, Obimace, Amgevicesa… "Y debe darse prisa en decidir a qué tajo envían a las trabajadoras y trabajadores desde el próximo domingo, después de todo lo acontecido a nadie se le escapa ya quién paga y lo ha hecho siempre, aunque a través de la FPAV como empresa interpuesta, es el Ayuntamiento de Ceuta con la aportación presupuestaria de dinero público, que se ha usado en algunos ejercicios de un modo opaco y generado no pocos asuntos judiciales volviendo a remitir a las hemerotecas", ha expuesto. Aquellas organizaciones y partidos que apostaron por Tragsa, "por no se sabe qué intereses particulares", ha apostillado, fueron "derrotados" por la plantilla de Brigadas Verdes enviando un mensaje claro para "trabajar" en una de las empresas públicas propiedad del Gobierno autonómico. "Todo a pesar de que esa opción no se sometió a votación, conocedor el comité de que era la elegida, y ahora tras las maniobras presupuestarias de la Ciudad y el fin del negocio para la FPAV, con su renuncia pública, el escenario legal no es otro que la legítima empleadora, Ciudad Autónoma de Ceuta, es quien debe hacerse cargo directamente de la sufrida plantilla y dar estabilidad laboral garantizando el futuro de las 134 familias que dependen de los salarios de las Brigadas Verdes", ha defendido.
No se opone a mejorar sus condiciones sociolaborales y económicas hasta las 4,6 millones "que se querían dar a Tragsa"
Como el propio Ayuntamiento "ha calculado", a ojos de CGT, con tres millones de euros puede gestionar las Brigadas Verdes y desde CGT no se oponen a que se mejoren sus condiciones sociolaborales y económicas hasta los 4,6 millones "que querían dar a Tragsa", pero dentro de una empresa municipal. Los "derrotados" por la plantilla "solo tienen una opción y no valen inventos, traiciones ni hacer de asustaviejas como vienen haciendo, no caben más propuestas, la solución es que el Ayuntamiento de Ceuta, como legítimo empleador que ha sido siempre, acoja sin dilaciones en su seno a las Brigadas Verdes a través de una de las empresas municipales". CGT anuncia que seguirá estando frente a quienes defiendan otra cosa con todos los medios legales a su alcance.