El PP espera tener los Presupuestos Generales del Estado aprobados en la tercera semana de junio. La mejora de la bonificación no necesita desarrollo
Si nada falla en los planes políticos del
PP y nada se tuerce en el plano técnico o administrativo los residentes en Ceuta deberían poder irse de vacaciones fuera de la ciudad
en barco o helicóptero pagando la mitad gracias al aumento del 50% al 75% de la bonificación que cubre el Ministerio de
Fomento. La medida, introducida en el texto de los
Presupuestos Generales del Estado por unanimidad en su primer paso por el Senado, no precisará de desarrollo legislativo, por lo que estará vigente en cuanto la Ley Orgánica se publique en el BOE, según ha corroborado esta semana el senador Guillermo Martínez en contacto con distintos altos cargos del Gobierno que preside Mariano Rajoy. El PP cree que los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que ahora se tramitan en el Congreso, pueden volver al Senado y estar definitivamente aprobados, si todo sale como está previsto, durante la tercera semana de junio, más o menos en los mismos tiempos en los que recibieron luz verde y se publicaron en el BOE los del año pasado, el 28 de junio de 2017. Dado que el incremento de la bonificación no necesitará, para implementarse en la práctica, de la elaboración de ningún Real Decreto u Orden Ministerial, teóricamente estará vigente de forma inmediata. No obstante, no se descarta que se pudiera establecer algún tipo de “plazo razonable” para facilitar la adaptación al cambio de las plataformas y sistemas que utilizan compañías de transporte, agencias, etcétera. Para saber si se introduce o no habrá que esperar para conocer la literalidad con la que el texto legal sale de las Cortes Generales.
No se descarta fijar un plazo “razonable” para actualizar los sistemas de reservas
El ejemplo más cercano con un caso similar se dio el año pasado en Canarias. La Ley de Presupuestos Generales del Estado elevó hasta el 75% el porcentaje descuento en el transporte aéreo entre islas y su traslado a la realidad fue inmediato. Resuelta la cuestión legislativa, al Ejecutivo del archipiélago también le cabían dudas para confirmar que no habría problemas de tipo administrativo o técnico en los sistemas de reserva para poder comprar desde ya los billetes con las nuevas tarifas, es decir, la mitad del coste anterior, tal y como ahora sucederá con las que pagan los ceutíes. El director general de Aviación Civil y representantes de las compañías aéreas operan los vuelos interinsulares fueron los encargados de confirmar que el programa de reservas Amadeus estaba ya debidamente actualizado para aplicar los nuevos descuentos desde el momento mismo en que la norma entrase en vigor, con lo que las reservas con tarifas rebajadas pudieron efectuarse desde el día siguiente a la publicación de los Presupuestos en el BOE.
Combatir el fraude de los beneficiarios o de las compañías
El texto de la propuesta de modificación presentada por el PP a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso para llevar al 75% el porcentaje de bonificación del precio de los transportes de pasajeros residentes en Ceuta y Melilla entre las dos ciudades autónomas “y el resto del territorio del Estado en ambos sentidos” incluye también un apartado que llama a “continuar con el esfuerzo realizado para garantizar la conectividad y movilidad de nuestros ciudadanos” empadronados en la España continental africana y los dos archipiélagos “de manera que se puedan adoptar de manera temprana las medidas correctoras necesarias cuando la conectividad y movilidad se vean comprometidas tras un estudio preciso de su compatibilidad con la normativa europea, su viabilidad presupuestaria y sus efectos económicos en el mercado”. En el mismo sentido se “insta” al Gobierno que preside Mariano Rajoy a “continuar con el esfuerzo realizado en la fiscalización de las bonificaciones, avanzando en la mejor continua de la gestión y control de estas subvenciones”. Este párrafo se interpreta como una llamada a combatir el fraude por parte de los beneficiarios pero también a prevenir un incremento injustificado de las tarifas por parte de las compañías aprovechando el aumento de la bonificación.