Más de 860 ceutíes continúan, a principios de septiembre, casi seis meses después de la declaración del estado de alarma y las medidas más extremas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), según los datos oficiales de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso este periódico. La extensión de la vigencia de la cobertura pública ofrecida a los afectados expira el 30 de septiembre y está pendiente de negociación con patronal y sindicatos para darle continuidad.
La cifra de trabajadores locales que están en ERTEs considerados y tramitados como de fuerza mayor se eleva a 722, 435 y 287 mujeres, menos que en Melilla, donde siguen en esa situación 844.
Otros 140 ceutíes están en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) no justificados por causa de fuerza mayor, 95 hombres y 45 mujeres. La cifra local casi triplica la de Melilla, que no pasa de 50.
La tasa de salida de los ERTEs de fuerza mayor local es la más baja de todo el país
Ceuta registra el porcentaje más bajo de salida de ERTEs de fuerza mayor de todo el país, un 69,32% con respecto al 5 de mayo, cuando eran 2.353 los caballas que habían perdido temporalmente sus puestos de trabajo por razones directamente imputables a las medidas de prevención de contagios impuestas por el Gobierno de la Nación. La media nacional de los que han podido volver a sus trabajos supera el 78% y en algunas regiones roza el 90%.
En el caso de los expedientes de no fuerza mayor sucede lo contrario. Hace cuatro meses se encontraban en ese tipo de ERTEs 381 ceutíes y ya han salido de esos expedientes el 63,2% de los afectados, diez puntos por encima del porcentaje medio nacional.
La Delegación del Gobierno todavía no ha dado respuesta alguna, casi dos meses después, a la petición que le trasladó CCOO de Ceuta a mediados de julio para poner en marcha un “plan de inspección específico” sobre las empresas de la ciudad que han registrado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) ligados a la situación de pandemia por el coronavirus. El objetivo de dicho plan sería “cerciorarse de que se está cumpliendo la normativa”, ya que la central que lidera Juan Luis Aróstegui temía que puedan estar dándose “posibles bolsas de fraude” que “no solo supondrían una actitud empresarial insolidaria y antieconómica, sino también un perjuicio para los trabajadores”. Dos son los grandes motivos de preocupación para el sindicato. Por un lado, la existencia de personas que siguen en ERTE y a las que paga la Administración tres cuartas partes de sus salarios habituales. Por otro, que haya quienes estén aprovechándose de que los 6 meses en los que no se puede destruir empleo la empresa acogida a un ERTE empiezan a contar cuando se recupera al primer trabajador afectado.
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