Han pasado 7 años para que finalmente haya un pronunciamiento judicial en torno a la
operación Gui, en la que fueron detenidos siete vecinos de Ceuta por tráfico de drogas.
Figuraban entre los 14 acusados que se presentaron a juicio en la Sección I de la
Audiencia Provincial de Málaga, formalizándose un acuerdo que evitó su celebración tras la aceptación de
2 años de cárcel por la comisión de un delito contra la salud pública.
Los hechos a los que hace referencia esta conformidad, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se produjeron en marzo de 2015, después de investigaciones de la
Guardia Civil en torno a una organización que estaría pasando
hachís en embarcaciones que llegaban a la costa de Málaga. Entre los acusados, además de los ceutíes, había 4 marroquíes y el resto eran españoles residentes en el sur peninsular.
Las investigaciones comenzaron en marzo de 2015 sobre un grupo criminal que supuestamente trasladaba hachís a España desde Marruecos, contando con varios ceutíes como enlaces para la captación y traslado de la droga así como la búsqueda de la logística.
Procedían a introducir sustancias narcóticas en Torrox-Costa (Málaga). Se encargaban de localizar, contratar y financiar tanto viviendas donde residir, como alquilar garajes para esconder los coches usados para los alijos de mercancía estupefaciente.
Uno de los ceutíes condenado se encargaba, a ojos del Ministerio Fiscal, de la preparación de las cargas, selección de las casas y organización de los medios de transporte.
Los demás ceutíes ejercían de porteadores o conductores de coches para el transporte del hachís. A las 20:30 horas del 15 de marzo de 2015, se preparó la salida de una semirrígida cargada con 40 fardos, que fue interceptada en el rio Gui. La Guardia Civil pudo aprehender algo más de una tonelada de esta droga, además de iniciarse una investigación que derivó con la incriminación de los distintos acusados.
Fiscalía llegó a solicitar hasta 10 años de cárcel al aplicar la agravante de notoria importancia y extrema gravedad. Finalmente la pena acordada ha sido de 2 años a los que, según el acusado, se añaden 3 meses más en el caso de haberse probado la comisión de otros delitos como la simulación de delito o la receptación.
En la operación Gui fueron intervenidas dos semirrígidas y tres vehículos todoterreno.