Las buenas noticias han sido efímeras para las personas que tienen una hipoteca. Después de que el Tribunal Supremo le diera la razón a los bancos y ratificara que son los clientes quienes deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, una consultora independiente ha elaborado un estudio de lo que esto supone para la economía de los que en su día contrajeron una hipoteca.
Para muchos fue un alivio saber la primera resolución emitida por el Alto Tribunal en la que dictaba que eran los bancos los que debían asumir este gasto, ya que tal y como se desprende de este estadio, los consumidores, en España, se hubieran ahorrado una media de 1.455 euros, lo que supondría más del 50% de los gastos iniciales de este tipo de préstamos.
En el caso local de Ceuta, la cifra media del gasto en este impuesto es de 538 euros, dinero que los ceutíes con hipoteca se habrían ahorrado de haber permanecido la primera resolución emitida por el Tribunal Supremo el pasado 18 de octubre. Los bancos actualmente cobran un diferencial medio del 1,13% en sus hipotecas variables, un coste que habría podido subir ante un cambio de criterio por parte del Supremo.
La primera decisión modificaba la propia jurisprudencia anterior ya que, en febrero, el alto tribunal había establecido que bancos y clientes debían pagar a medias todos los gastos iniciales de las hipotecas, salvo este tributo, que debía recaer en el cliente, pero no concretaba si su aplicación tenía carácter retroactivo.
Sin embargo, esta decisión volvió a dar un giro cuando finalmente el Tribunal Supremo ratificó que este gasto era único del cliente, desvinculando a los bancos de su necesidad de contribuir al pago de este impuesto.
Pese a que es una mala noticia para los ceutíes con una hipoteca, cabe destacar que a nivel nacional, Ceuta es al ciudad donde el tipo general del impuesto de Actos Jurídicos Documentados es más bajo, siendo la ciudad de España en la que menos se paga por esta tasa.
La asociación celebra que Pedro Sánchez y su Gobierno haya escuchado el "clamor social de millones de hipotecados en contra de la decisión tomada por el Tribunal Supremo este martes". La asociación considera una verdadera victoria de los consumidores el Real Decreto Ley que obligará a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a partir de ahora a la banca.
La asociación valora de forma muy positiva también la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero, un supervisor que ADICAE lleva exigiendo más de diez años ante la ineficacia del Banco de España y la CNMV que ha convertido en un laberinto sus decisiones para el consumidor.
La decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas que seguirán su curso mientras ADICAE sigue recogiendo cientos y cientos de solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo y que han originado centenares de sentencias a favor de los consumidores.
La ajustada decisión del Supremo y la decisión tomada hoy por Sánchez demuestra que "la batalla judicial sigue en pie, y apunta a que acabará en el TJUE". ADICAE asegura "no bajar los brazo"s y sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar los gastos hipotecarios con asambleas, en su plataforma de afectados.
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