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Ceuta, el territorio que con más días de retraso paga las facturas

El retraso medio aumenta en la mayor parte de las autonomías desde hace un año, especialmente en Ceuta, que añade 9,20 días, llegando a los 24,65 días de demora

Según una encuesta de Informa D&B, Ceuta figura entre las ciudades que tiene mayor número de días de retraso en el pago de sus facturas. Por días de demora, reflejan una diferencia de 15,37 días en el retraso medio entre la comunidad que mejor paga, Navarra con 9,28 días de demora, y la que peor, Ceuta, con 24,65. Y añaden que esta diferencia supera en más de dos días a la de finales de 2022.

De acuerdo a los datos manejados por la empresa especializada en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, el retraso medio aumenta en la mayor parte de las autonomías desde hace un año, especialmente en Ceuta, que añade 9,20 días, y en Baleares, que suma 2,54 días.

Por tamaño de empresa, el 51% de las microempresas pagaban de forma puntual a diciembre de 2023, seguidas del 48% de las pequeñas, el 30% de las medianas y el 14% de las grandes.

Sin embargo, desde el año anterior el periodo medio de retraso ha disminuido “ligeramente” excepto para las microempresas, que añaden 0,69 días. El más corto es para las pequeñas, 11,89 días, las medianas se demoran 12,97 días de media, las grandes 15,28 días y las micro son las que más dilatan sus pagos, 17,40 días.

“El retraso medio de las empresas españolas terminó 2023 en 14,67 días, por debajo de nuevo de los 15 días, aunque con un aumento de 0,13 días en un año”, han explicado desde la empresa de estudios, que estima que dichos retrasos suponen un coste de cerca de 3.000 millones de euros para el tejido empresarial.

Además, ante los impagos, un 19% de los empresarios está a favor de publicar los malos pagadores y un 18% cree la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago. Otro 14,5% de los empresarios opta por aplicar intereses de demora, un 13% por premiar a los buenos pagadores y, por último, un 11% plantea obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales.

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