El Área de Menores de la Ciudad Autónoma, con competencias en materia de violencia intrafamiliar, elaborará su propio protocolo de prevención del maltrato infantil en el ámbito doméstico cuando se cierre el nuevo documento marco para todo el país acorde con la nueva Ley de Protección de la Infancia
que prepara el Gobierno central y a cuyo estudio en la última reunión de la Comisión de Atención a la Infancia ha acudido la jefa del departamento en la Administración local, Antonia Palomo.
En dicho cónclave se acordó promover la creación de un Observatorio de la Infancia a nivel estatal que sustituya a los regionales y que planifique unas tareas comunes en términos anuales con objetivos “acordes con el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016”.
En el se establece la necesidad de “impulsar un sistema de detección precoz de situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el entorno familiar de los niños y de los adolescentes con la implicación de los centros docentes, el ámbito sanitario, policial y servicios sociales”. “Se trata”, han explicado fuentes del Area de Menores a este periódico, “de definir más claramente qué hacer ante un caso de maltrato infantil, así como quién detecta, cómo se notifica y de qué manera se valora”.
Entre los indicadores que motivan la reforma legal se encuentra que el 64,9% de las mujeres que han padecido maltrato tenía hijos menores de edad en el momento del maltrato y que el 54,7% de las mujeres “contestan que sus hijos han padecido violencia”.
Las modificaciones de la Ley se refieren, básicamente, “a la adaptación de los principios de actuación administrativa a la s nuevas necesidades que presenta la infancia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, o la violencia contra los menores y la regulación de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza “una profunda revisión” de las instituciones del sistema de protección.
La nueva ley contempla el cese en la tutela
La nueva Ley de Protección a la Infancia sí regulará los casos de urgencia, es decir, la situación que se produce cuando la Entidad Pública asume la guarda de un menor en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata sin que previamente se haya declarado el desamparo. Además, prevé casos de cese de la tutela cuando el ejercicio de la misma deviene imposible. De esta forma la legislación se inclinará del lado de la Ciudad y no del Defensor del Pueblo en sus reproches a “la práctica de cesar en la tutela de los menores que se ausentan del centro en una localidad en la que el 40% de los MENA vuelven a su país de origen solos.
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