La publicación del real decreto ley de exhumación de los restos del caudillo Francisco Franco del Valle de los Caídos reabre el debate en Ceuta sobre la retirada de símbolos y monumentos públicos que exaltan el Alzamiento Nacional, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura.
Casi 11 después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, el grado de ejecución de las disposiciones contenidas en el texto es escaso y, pese a que en Ceuta no sea una prioridad inmediata porque hay otros problemas sobre la mesa, se trata de una ley como cualquier otra a la que hay que dar cauce y cumplirla en un plazo razonable.
“En general, por lo menos en los grandes temas, la Ciudad ha cumplido más o menos con la ley aunque si es verdad que quedan flecos que deberían de examinarse definitivamente para acordar lo que sea necesario y eliminar aquello que está fuera de la Ley de Memoria Histórica. Al final y al cabo, es una ley positiva que hay que cumplir independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre ella porque son diversas pero no cabe duda de que no ha sido derogada pudiendo haberlo sido por otras fuerzas políticas y, por tanto, hay que cumplirla”, argumenta el decano de la Sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), José Antonio Alarcón.
Los símbolos franquistas en Ceuta pueden parecer una cuestión del Ministerio de Defensa. De 2008 a la actualidad, los dos únicos monumentos que han sido destruidos eran de su competencia. Aunque existen otros, cuya responsabilidad recae en el Gobierno autonómico, como es la lápida de los Caídos en la plaza de San Daniel, en la fachada lateral de la Catedral, que no pertenece al Obispado de Ceuta y fue sufragada por el propio Ayuntamiento. “Hay claroscuros. La ley se ha aplicado en algunas acciones. Se pueden recordar los monumentos al Convoy de la Victoria y el mástil monumental del Cañonero Dato, en San Antonio. Anteriormente se había eliminado alguno, como la Cruz de los Caídos en la Catedral”, pone como ejemplos.
Aún quedan diversos monumentos sobre los que debería acordarse su eliminación o estancia
Una ley, sin bandos, cuya aplicación quedó inacabada en la remodelación del Monumento del Llano Amarillo, en cuya cúspide perdura el escudo de la Dictadura. Impertérrito al paso del tiempo. “La Ciudad encargó un informe, que se hizo en el IEC, donde la mayor parte de los que opinamos estábamos por la conservación del monumento desprovisto de los símbolos franquistas. Es verdad que ha quedado el águila porque es muy difícil de quitar tal y como está hecho el monumento porque consideramos en su momento que la escultura modernistas de Bonifacio de López Torvizco, merecía como decía la ley, en aquellos que tengan interés histórico-artístico etcétera, no derribarlo”, recuerda Alarcón, quien valoró que se hubiese podido crear un lugar de interpretación de la Guerra Civil y la represión en Ceuta en aquel lugar.
Un logro, simbólico, que se ha quedado a medio camino. Otros, como los azulejos en los pisos de O’Donnell, han sido retirados de las fachadas aprovechando unos trabajos de adecentamiento. Otros se mantienen. La huella del franquismo se resiste a abandonar el callejero.
“Hoy quedan algunos pequeños monumentos y sí bastantes nombres –de calles– que podrían ser opinables, discutibles, en la zona de Hadú, el Morro, etcétera, porque, al final de la Guerra Civil, aquella calles no tenían nombre, estaban nominadas con letras y se aprovechó el momento, por parte de los vencedoras, para honrar a las víctimas. Lo que ocurre es que el nivel de nombres es muy diverso. Hay desde personas que podemos considerar represores, y que evidentemente debería de aplicárseles la ley y desaparecer sus nombres; hasta personas como el caso de Flecha Bermúdez, un pobre chaval de 14 años que muere en un bombardeo y le ponen su nombre a una calle. O, de personas caídas durante acciones de combate: los hermanos Laulet por ejemplo, que mueren los cinco durante la Guerra Civil”, explica el decano de la Sección de Historia.
Para Alarcón, es indiscutible que los familiares tienen derecho a saber dónde está el cuerpo de su familiar represaliado, pero mantener una polémica permanente sobre ese pasado solo consigue cavar más hondo entre esas dos Españas. “Hay una parte de la ley, que desde la Transición política han venido diversas normas legislativas que es la de compensar a las víctimas. Esa me parece que es absolutamente de justicia y que, por lo tanto, había que cumplir. Las vidas son irrecuperables pero, al menos, que las personas que quedaron heridas, sufrieron prisión y sus familiares hayan recibido compensación. Desde luego que nunca resarcirá la barbarie”, reflexiona este miembro del IEC.
En el Palacio Autonómico: Cerámicas de la Escalera Noble y el crucifijo sobre el retrato de Felipe VI, susceptibles
Dentro del Palacio Autonómico, existen vestigios susceptibles de ser retirados en base a la Ley de Memoria Histórica que figuran en el informe encargado por la Consejería de Educación y Cultura al cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló. Las cerámicas de la Escalera Noble del Palacio de la Asamblea fueron encargadas y colocadas en honor a los funcionarios municipales que murieron en la Guerra Civil. Su valor decorativo estriba en su dibujo, autoría y equilibrio plástico con los talavaneros de J. Ruiz.
El templos religiosos: La protección de la placa conmemorativa en Muley el Mehdi y el manto de la Virgen de África
El artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica restringe la afectación de las piezas que están contenidas en locales de culto y que por lo tanto afectaría en Ceuta a iglesias y mezquitas. Por tanto, la retirada de la placa conmemorativa de la inauguración de la mezquita Muley el Mehdi queda al arbitrio de las autoridades religiosas islámicas, por la puntualización artístico-religiosa del articulado de la ley. Esta placa artística está de actualidad porque, en la proposición de Ley socialista para la reforma de la Ley 52/2007, presentada en diciembre de 2017, se incluye que la Iglesia Católica será requerida para la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil en templos y cementerios. Sin embargo, nada se menciona acerca de los templos de otras confesiones, lo cual ha despertado suspicacias.
Eso en cuanto a las mezquitas porque, al producirse la Independencia de Marruecos y la posterior retirada del Ejército español, los miembros del Cuerpo de Interventores decidieron invertir su fondo en la adquisición de un manto para la Virgen de África. Ese manto, de tisú de oro, lleva una serie de estrellas con los nombres en árabe de las distintas intervenciones y, en el centro, el escudo del Estado de ese momento, el cual ha sido objeto de críticas por parte de los más ortodoxos defensores de la Ley de Memoria Histórica. En virtud de ese mismo artículo, se permite mantener la integridad de esta pieza, lo que es recomendable para su conservación patrimonial.
La adaptación del callejero, suspendida desde hace año y medio
Mabel Deu, como portavoz accidental de la Ciudad Autónoma, habló esta semana sobre la Ley de Memoria Histórica a preguntas de los periodistas. La adaptación del callejero a la normativa está en suspenso desde hace año y medio, según pudo conocer este periódico, y la última información que la por entonces consejera de Cultura maneja al respecto es que la Ciudad quedó a la espera de respuesta por parte de la oposición. En enero de 2016, el Pleno de la Asamblea se comprometió a revisar los vestigios franquistas públicos para, en caso de vulneración de la ley, proceder a su eliminación. Fue Ciudadanos el partido que devolvió a la arena política este asunto para que el Gobierno pusiese en marcha el mecanismo oportuno que permitiese establecer las denominaciones de los espacios públicos que puedan considerarse afectados por la ley publicada en 2007 y establecer el procedimiento para que estas denominaciones fuesen sustituidas por otras. Una iniciativa encuadrada en la comisión competente para la nomenclatura de espacios públicos y a los preceptivos informes técnicos. Ya sea por falta de voluntad política o por orden de prioridades en las cuestiones que preocupan a los ceutíes, la aplicación de esta normativa quedó relegada a un segundo plano hasta que la exhumación de los restos de Franco la ha desempolvado.