El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ofrecerá hoy a las 10.00 horas una conferencia sobre la Nueva Oficina Judicial en Ceuta. Lo hará en el marco de unas jornadas jurídicas organizadas por la Uned, la Ciudad y el CGPJ. ‘El Faro’ habló con él para conocer los pormenores de la modernización.
–Usted viene a Ceuta para ofrecer una conferencia sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Precisamente el Ministerio ha estado insistiendo en que no se puede cambiar en un día lo que lleva siglos de retraso, pero ¿no es irónico que se pusiera entonces una fecha para concretar la modernización (5 de mayo)? –Efectivamente, la modernización de la Justicia no se consigue en un día, pero todos los días avanzamos. El ministro Caamaño asumió el compromiso de hacer efectiva la modernización de la Justicia para conseguir en el horizonte de 2012 un servicio público ágil, eficaz y de calidad. El 4 de mayo se producirá un salto cualitativo muy importante en esa dirección. Este 4 de mayo entra en vigor la reforma de las leyes procesales que van a permitir implantar un nuevo modelo de funcionamiento y organización de nuestros tribunales. Progresivamente y a lo largo de todo el año se irá implantando, primero en Ceuta y otras siete ciudades españolas y luego en el resto de España, la Nueva Oficina Judicial.
–¿Considera un fracaso que ya se esté hablando de finales de 2010 como momento para la entrada en vigor del cambio en las ciudades pioneras como Ceuta?–Creo que es un éxito tanto para el Ministerio como para las autoridades políticas y judiciales de Ceuta que podamos comprometer para el cuarto trimestre de 2010 la definitiva implantación de la Nueva Oficina Judicial. Hablamos de cambios de calado, que requieren tiempo, esfuerzo de adaptación y la máxima implicación por parte de todos. Se están acometiendo obras por importe de más de 200.000 euros, se va a incrementar la plantilla y se va a renovar el parque informático para que la administración de Justicia de Ceuta entre ya, en este mismo año, en el siglo XXI.
–Uno de los mayores problemas que tiene la Justicia en España es que la ciudadanía la percibe como muy lenta e incapaz de intercambiar información entre dos territorios distintos. ¿En qué medida va a cambiar esto con la NOJ y por qué?–A los ciudadanos les cuesta entender, y con razón, cómo es posible que a estas alturas la Justicia no cuente con los métodos y herramientas de los servicios públicos más avanzados. Funcionamos como departamentos estancos. A pesar de los avances, nuestros órganos judiciales mantienen patrones de funcionamiento heredados del siglo XIX y por eso es difícil adecuar sus estructuras a las nuevas tecnologías. El modelo de oficina judicial que estamos instaurando supone una auténtica reingeniería para adaptar la administración de Justicia a esas tecnologías de la información y la comunicación que nos permitirán funcionar en red. El impulso en esta materia por parte del Ministerio se concreta en la implantación del EJIS, Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. Se trata de una plataforma que habilita la integración del conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, tanto de los órganos judiciales como de otras instituciones y Administraciones públicas que colaboran con ellos.
–Antes de ser nombrado secretario de Estado de Justicia usted ejercía como magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz, por lo que supongo que conocerá la idiosincrasia ceutí. ¿Podría destacar los aspectos más interesantes de que ésta sea una de las ciudades en las que se va a implantar la NOJ de forma pionera en España?–Efectivamente he ejercido muchos años en Cádiz y también en Ceuta, una ciudad a la que guardo un enorme cariño, en la que conservo buenos amigos y que conozco bien. Por eso siempre hemos apostado por esta ciudad y sé que el sector Justicia ceutí está perfectamente capacitado para estar en primera línea de este gran cambio. Desde el año 2004 el Ministerio de Justicia ha invertido en Ceuta más de 3 millones de euros, cerca del doble que en todo el periodo del Gobierno anterior. Ya en el año 2005, se realizó una propuesta de ciudades piloto para la Nueva oficina Judicial, en las que estaba la ciudad autónoma de Ceuta y ahora –llegado el momento de ponerla en marcha- así lo hemos confirmado. Desde el punto de vista de la administración de Justicia, Ceuta reúne en una sola ciudad lo que podríamos llamar –permítame la expresión- todo un microcosmos judicial, lo que junto al carácter dinámico, plural y emprendedor de esta sociedad creemos que es un activo de gran valor para la asimilación del cambio trascendente que supone la Nueva oficina Judicial.
–¿Qué opina sobre el control que el poder Político ejerce sobre el Judicial? Es evidente que los diferentes partidos utilizan la Justicia como arma arrojadiza y azote de los unos contra los otros (véase el caso Gürtel o el caso Garzón). Usted que ha sido magistrado y vocal del CGPJ, ¿no cree que la reforma de la Justicia otorga protagonismo a una figura más controlada desde las esferas políticas como son los secretarios judiciales?–No creo que exista un control del poder Político sobre el Judicial. Es cierto que hay determinados casos que atraen gran atención, pero es lógico porque en los órganos judiciales se ventilan cuestiones muy sensibles y de gran repercusión social. En todo caso, la reforma no afecta a la potestad jurisdiccional, prerrogativa de los jueces y magistrados que actúan con total independencia y exclusivamente sometidos al imperio de la ley. La reforma que estamos poniendo en marcha incide en la gestión del servicio, un ámbito en el que cobra gran protagonismo el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Por supuesto, todo el sistema se basa en la confianza que merece la capacitación, profesionalidad, responsabilidad e independencia en el ejercicio de de sus funciones de los secretarios judiciales, así como en sus conocimientos teóricos y prácticos del Derecho, muy especialmente del Derecho Procesal. Así mismo, consideramos que el nuevo reparto de competencias redundará en la agilización de la Administración de Justicia y, por lo tanto, en la calidad del servicio público que presta.
–Por otro lado, diez de los doce magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por órganos directamente dependientes del poder Político (Gobierno, Senado y Congreso de los Diputados) y sólo dos son designados por un organismo judicial (CGPJ). ¿Cómo se defiende entonces la independencia del poder Judicial?–El Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, es el supremo intérprete de la Constitución Española. Está cumpliendo con una tarea especialmente relevante, como centro de equilibrio del sistema de poderes separados, territorial y funcionalmente, que la Constitución articula. Requiere, por tanto, una legitimación democrática y no se me ocurre ninguna mejor que la que otorga el Parlamento. Este sistema de nombramiento es, en sí, una garantía de independencia y de perfecta separación de poderes, al participar todos ellos: el legislativo, a través del Congreso de los Diputados y el Senado que representan la soberanía popular, el ejecutivo por medio del Gobierno y el poder Judicial con CGPJ.
–La sociedad demanda un endurecimiento de las penas respecto de los considerados como menores de edad. Partiendo de la base de que este cambio no sería competencia directamente suya, ¿comparte esta preocupación social? ¿Debería la Justicia ajustarse a lo que demanda el pueblo? ¿Cómo podría mejorarse el funcionamiento de la Justicia respecto de los menores?–Debo comenzar por rechazar la premisa de la que usted parte. No creo que la sociedad demande tal endurecimiento de las penas para los menores pues la ley –que se reformó en 2007- ya es suficientemente dura y prevé un amplio catálogo de medidas sancionadoras y de protección. Lamentablemente, desde algunos sectores se ha extendido un discurso profundamente populista que alienta esos sentimientos en busca de réditos electorales a cualquier precio. Para ello utilizan sin pudor alguno hechos que son absolutamente lamentables y rechazables, pero afortunadamente excepcionales. Hay muchos más jóvenes delincuentes que se reinsertan que los que no lo hacen. Hasta el 90% llegan los casos en los que no vuelve a haber reincidencia y creo que como sociedad, debemos apostar por la rehabilitación de los jóvenes. Le pondré un ejemplo: ¿tiene sentido que un menor que cumpla 18 años y que tenga un buen pronóstico de reinserción automáticamente sea ingresado en un Centro Penitenciario en el que, a buen seguro, se frustrarán esas expectativas? Evidentemente, no; porque además sería contrario a nuestros propios intereses como sociedad. No se puede legislar con base en excepciones. Decididamente, frente a la política penal de telediario que practican algunos me quedo con la responsabilidad que en este delicado asunto están mostrando la mayoría de los grupos políticos.