El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar. Ello permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España. En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas
Así lo ha comunicado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación. La decisión va en con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”.
Este acuerdo pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la recuperación económica y social y diseñar un marco de colaboración y entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis.
El Gobierno considera que, dada la situación actual del tejido productivo, resulta más importante que nunca reducir los plazos de pago a proveedores, y el Ejecutivo está dando facilidades para que las CCAA y EELL accedan a los recursos necesarios que lo permitan. En ese sentido, la ministra de Hacienda ha adelantado que el periodo medio de pago de julio ha descendido en todos los subsectores.
El Gobierno de España seguirá trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que debe ser tarea conjunta de todas las Administraciones reconstruir la economía y poder continuar cumpliendo con los compromisos europeos de consolidación fiscal, a la par que apoyar a la economía española y a los colectivos más vulnerables. Esta medida muestra el compromiso del Gobierno para adoptar todas las iniciativas que sean necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, teniendo en cuenta el especial papel que estas administraciones están teniendo en la crisis.
No obstante, María Jesús Montero ha insistido en el compromiso incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las finanzas públicas en cuanto sea posible. De esta forma, el Gobierno no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.
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