Ceuta, entre las regiones con menos trabajadores que han salido de ERTE

Un total de 1.456 trabajadores (784 hombres y 672 mujeres) de la ciudad autónoma han comenzado el mes de julio en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayo, un 38,1% menos de los que lo estaban el 5 de mayo (2.353, aunque ese número llegó a 2.624 a mediados de ese mismo mes), según las últimas estadísticas oficiales, que sitúan a Ceuta entre las regiones donde menos personas que perdieron provisionalmente su empleo por la crisis de la pandemia del coronavirus lo han recuperado ya.

Con peores cifras que la ciudad solamente se encuentran los archipiélagos balear (17,7%) y canario (31,9%).

El resto de las Comunidades Autónomas están en el entorno del 50% de salida de los ERTEs presentados tras la declaración del estado de alarma y las medida más severas de confinamiento. La media nacional de recuperación de los puestos de trabajo previos está en el 47%, cuatro puntos por debajo del nivel de Melilla (51%).

En Navarra ya ha retornado a sus empleos el 65,9% de las personas que se vieron abocadas a ERTE por fuerza mayor, que además de cobertura para los trabajadores afectados deja a su empresa exenta de pagar la cuota empresarial y demás contingencias a la Seguridad Social en caso de tener menos de 50 trabajadores en plantilla (con más, esa exención es del 75%).

Los trabajadores en ERTE no de fuerza mayor han crecido un 15,7% desde mayo

A finales de junio seguían en ERTE no justificados por fuerza mayor 441 trabajadores de la ciudad (304 varones y 137 féminas), un 15,7% más de los que había a principios de mayo. En el conjunto de país la evolución refleja una reducción de un 13.9% de las personas en esa coyuntura laboral.

Entre las dos fechas de referencia, además de en Ceuta su volumen ha crecido en Baleares (7,4%), La Rioja (7,2%), Madrid (5,8%) y el País Vasco ( 4,2%).

El Gobierno central y los agentes sociales alcanzaron a finales de junio un pacto para prorrogar los ERTE hasta finales de septiembre que contempla el mantenimiento de los de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote de la COVID-19 pueden acogerse a estos procedimientos.