La Comisión de Atención Primaria y Comunitaria, formada por el Ministerio de Sanidad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Melilla, estas dos últimas a través del Ingesa, se ha reunido este lunes por primera vez para aprobar el reparto de 172 millones, casi la mitad para la formación de profesionales y el resto a continuar con la dotación de nuevas infraestructuras.
De estos fondos, que aún deben ser avalados por el Consejo de Ministros y el Consejo Interterritorial, 85 millones se destinarán, además de a formar profesionales, a desarrollar las acciones que contempla la estrategia de Atención Primaria, a mejorar la calidad asistencial, a impulsar la práctica basada en evidencia y al desarrollo de estrategias de salud comunitaria.
Mientras, con los otros 87 millones restantes se dará continuidad a las actuaciones en materia de infraestructuras y equipamiento en Atención Primaria y Comunitaria, ha informado el Ministerio de Sanidad.
Durante este primer encuentro de la Capyco se ha conocido la evaluación de la ejecución de fondos repartidos a las comunidades autónomas con cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2023: en total, han ejecutado más del 80 por ciento en obras, infraestructuras y equipamientos y el 90 por ciento de la partida reservada a la implantación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.
Asimismo, se ha aprobado el reglamento interno por el que se regulan sus funciones; según el reglamento, esta comisión se reunirá de forma ordinaria una vez cada trimestre, previa convocatoria realizada por la presidencia, que ocupa el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, con una antelación mínima de cinco días hábiles.
La finalidad de esta conferencia sectorial, cuya creación se acordó el pasado 30 de abril por el Consejo Interterritorial, es analizar, debatir, proponer y desarrollar los asuntos en materia de atención primaria y comunitaria que deban someterse al pleno de este órgano y aquellos otros que, sin necesidad de a él, deban examinarse para garantizar la adecuada coordinación y cohesión de las políticas en esta materia.
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