Ceuta recibió 82 millones de los mecanismos extras de financiación en la legislatura

El Tribunal de Cuentas ha analizado la evolución de los mecanismos extraordinarios de financiación autonómica que se han puesto en funcionamiento a lo largo de esta legislatura: el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Entre ambos, Hacienda ha aportado 93.103 millones de euros a los gobiernos regionales, de los que el 34,24% se han ido a Cataluña (37.878,5 millones), el 22,05% a la Comunidad Valenciana (20.525,93 millones) y el 17,6% a Andalucía (16.389,97 millones).
Le siguen, a mayor distancia, Castilla-La Mancha, con el 8,01% de los fondos (7.461,87 millones); la Región de Murcia, con el 4,6% (4.284,1 millones); las Islas Baleares, con el 4,17% (3.886,92 millones); Canarias, con el 3,09% (2.880,4 millones), la Comunidad de Madrid, con el 1,45% (1.346,8 millones); Cantabria, con el 1,22% (1.134,9 millones); Castilla y León, con el 1,13% (1.052,4 millones); y el Principado de Asturias, con el 1,1% (1.026,1 millones).
Por debajo del punto porcentual han quedado Extremadura, que recibió 569,6 millones (0,61% del total), Aragón, con 512,7 millones (0,55%); Ceuta, con 82,1 millones (0,09%); y La Rioja, con 70,8 millones (0,08%).
El Tribunal destaca asimismo que estos fondos han “contribuido de manera significativa a inyectar liquidez a empresas y autónomos, a la reducción de la morosidad de las administraciones públicas, al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y, a través de los planes de ajuste asociados al mecanismo, a la mejora de la situación financiera y presupuestaria de las administraciones adheridas”.
Además, reconoce que las medidas adoptadas en los planes de ajuste que se exigían para acceder a este dinero fueron “consistentes y coherentes” con los planes económico-financieros, por lo que no fue necesario tomar medidas adicionales.

Además, reconoce que las medidas adoptadas en los planes de ajuste que se exigían para acceder a este dinero fueron "consistentes y coherentes" con los planes económico-financieros, por lo que no fue necesario tomar medidas adicionales.

Sin embargo, dado que todas las comunidades incumplieron sus objetivos de déficit entre 2012 y 2014, el Tribunal cree que los planes de ajuste sólo recogían medidas relacionadas con las condiciones de seguimiento, remisión de información, reordenación del sector público, reducción del periodo de pago de deuda comercial y reformas estructurales para el crecimiento y el empleo, pero no "medidas de ajuste extraordinarias", como habría sido necesario.

FONDO DE PROVEEDORES

Entrando en el detalle de los fondos, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que los 30.219,2 millones del Fondo de Pago a Proveedores ha permitido pagar casi 6 millones de facturas a 67.129 proveedores de las comunidades autónomas a lo largo de sus tres fases, siendo la primera la que concentró un mayor importe, con casi el 58,6% del total de recursos.

Por comunidades autónomas, fue la Comunidad Valenciana la que recibió más dinero por esta vía (7.519,2 millones, 24,88% del total), seguida por Cataluña (6.465,6 millones, 21,4%), por Andalucía (4.955,1 millones, 16,4%) y por Castilla-La Mancha (3.956,5 millones, 13,09%).

No obstante, la región andaluza fue la que más facturas pagó gracias a este mecanismo (1,27 millones, el 21,54% del total) y también, con diferencia, la que más proveedores atendió de este modo (25.761), casi el doble que las dos siguientes, Castilla-La Mancha (13.739) y Cataluña (13.378).

Por tipo de proveedores, el 49,12% de las facturas pagadas por el conjunto de las regiones correspondía a grandes empresas (17.454 millones, el 57,76% del total), frente al 48,48% de pymes (12.389,1 millones, el 41%). El 2,04% restante correspondía a autónomas, que recibieron así 376 millones (1,24%).

La antigüedad media de las facturas pagadas era de 326,53 días, aunque en la primera fase era algo superior (373,81 días) y se elevaba hasta los 542,18 días en la segunda fase, reduciéndose por debajo de los 240 días al final del programa.

Con respecto a la finalidad del gasto, el 61,8% del fondo fue a proveedores del sector sanitario, seguido muy de lejos por la educación (2% del dinero) y los servicios sociales (2,3%). El 34,1% restante se repartió entre diversos sectores de actividad.