Ceuta propone no multar la primera falsedad en el Padrón

La consejera de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, prevé enmendar su propuesta de nueva Ordenanza Reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de los ciudadanos en relación a sus obligaciones con el Padrón con el objetivo de flexibilizar parte de su articulado y no considerar infracción leve susceptible de multa de hasta 750 euros la instrucción de “un expediente de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio”, sino hacerlo sólo a partir de dos casos detectados.

En la misma línea, la vicepresidenta del Ejecutivo local propondrá elevar a tres los expedientes que serán susceptibles de ser considerados infracción grave (con multa de entre 750,01 y 1.500 euros) y en cuatro o más los considerables infracción muy grave, equivalente a “la detección de falsedad documental respecto a la documentación aportada al procedimiento para un alta o cambio de domicilio”, sancionable con hasta 3.000 euros de multa.

El cambio de criterio del Ejecutivo local viene motivado por una alegación presentada por el MDyC, con lo que la redacción final de la norma volvería a la inicialmente propuesta por el Gobierno.

El importe de las sanciones tiene como finalidad “que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida”.

Podrán ser sancionadas tanto personas físicas como jurídicas, así como “quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad”. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas corresponda a varios conjuntamente, estos deberán responder “de forma solidaria”.

El “espíritu” de la Ordenanza pasa por fomentar “la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad”.

El número de bajas propuestas en 2020 se redujo un tercio sobre años anteriores

Según el texto, “la reiteración de conductas ilícitas, que dan lugar al disfrute de determinados derechos a terceros que sí estarían legitimados para ello podría conllevar implícita conductas tipificadas en el Código Penal tales como la de falsedad documental o la estafa”.

Deu anunció en el Pleno hace casi dos años que el Gobierno de la Ciudad pondría en marcha un protocolo para “denunciar ante la Fiscalía a los residentes que permitan empadronamientos irregulares en sus domicilios” por la comisión de un presunto delito de falsificación de documentos públicos que, según recordó, está penado en el artículo 392 del Código Penal con entre seis meses y tres años de prisión.

Desde 2013, cuando el Ejecutivo local puso en marcha un plan de “inspecciones aleatorias” de los datos de residencia efectiva, hasta principios de 2019 se expulsó del Padrón o se negó la entrada en él a más de 12.000 personas. Solamente en 2019, antes del cierre de la frontera por el estallido de la pandemia de la enfermedad del coronavirus, se tramitaron 5.873 expedientes para la revisión del Padrón y se propusieron 2.333 bajas.

En 2020 se registró una reducción de un tercio en cuanto a las propuestas de baja del Padrón “teniendo en cuenta que el cierre del Tarajal impidió la entrada de ciudadanos extranjeros a la ciudad autónoma”, según la Policía Local.