La consejera de Hacienda,
Economía y Función Pública de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha mantenido hoy una reunión con la directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio del Gobierno de
Melilla, Dunia Almansouri, y el gerente del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST), Enrique Reyes. En la reunión de hoy se ha planteado la modificación de la Ley 37/1992 del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y, en concreto, de su artículo 70 (Lugar de realización de las prestaciones de servicios. Reglas especiales) en el punto número 2 del mismo. Un requerimiento defendido con el objetivo de mantener las ventajas fiscales que han posibilitado la llegada de más de 24 empresas vinculadas al sector tecnológico, generando más de 200 empleos directos. Cifras que, de acuerdo a las previsiones que maneja la Consejería, podrían incrementarse antes de que concluya este año, y que además suponen una vía de crecimiento económico, máxime en circunstancias tan complicadas como las que atraviesa Ceuta debido al cierre de la frontera y la
COVID-19.
Sobre ello, las dos representantes del Gobierno de la Nación han apuntado a que no habría impedimentos técnicos para que dicha modificación llegara a buen término, siendo únicamente una cuestión política que finalmente pudiera realizarse los cambios requeridos por parte de ambas ciudades autónomas. La consejera ceutí también ha vuelto a interesarse por la situación de los convenios referentes al hecho fronterizo y el agua (7,2 millones) y sobre la fecha prevista para que ambos pudieran aprobarse, vía Real Decreto, en el Consejo de Ministros. Sobre este asunto, desde la Secretaría de Hacienda se ha trasladado la intención de que sea en el Consejo del próximo martes cuando finalmente se dé luz verde a dichas subvenciones. Otro de los temas tratados en la videoconferencia ha sido el compromiso de estudiar la propuesta formulada para que Ceuta y Melilla recibieran una asignación específica, similar al Fondo COVID, contemplándose para ello un mecanismo similar al de la referencia de déficit autonómico en 2021, que se sitúa inicialmente en el 2,2%, tras haberse suprimido las reglas fiscales para 2020 y 2021.