Los gobiernos de Ceuta y Melilla han expresado de forma reiterada su “preocupación” por la “gravísima problemática” que padecen con la presencia de cientos de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y que se ha traducido en la petición conjunta al Ejecutivo central de la adopción de un proyecto de reforma de la Ley Órgánica 1/96 del 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, mediante la adopción de una nueva disposición adicional, la cuarta, de Menores Extranjeros No Acompañados, para que sean trasladados a su país de origen, “en aras de una protección superior y a efecto de su integración y desarrollo en el núcleo familiar”, exponía la portavoz del Gobierno, Mabel Deu. La Ciudad, aseguraba Deu, no renuncia a cumplir con sus competencias en materia de Menores, transferidas por el Estado hace ya 20 años. “Hasta que se produzca ese retorno, ya sea a efecto de reagrupación familiar o de entregar a los Servicios de Protección del Menor, dispondrán del apoyo material y los cuidados necesarios”, apostillaba. Sin embargo, el Gobierno ampara está demanda, casi histórica, en las limitadas capacidades que posee la ciudad y, por ello, la acompañan de una novedad: limitar la estancia de los menores en Ceuta. “En el supuesto de que en el período máximo de tres meses no se haya hecho efectivo el retorno de los menores, serán necesariamente trasladados a centros de acogida en otras partes del territorio nacional”, anunciaba la portavoz. El Gobierno de Vivas ampara esta medida en la situación “específica” que caracteriza a Ceuta y la “escasa capacidad que posee la Administración local para “protegerlos y acogerlos de manera masiva”. Además, la respaldan en la necesidad que tienen esto menores de “estar con sus familias y en un entorno más favorable”. La propuesta, aprobada en Consejo de Gobierno, será elevada al Pleno para su posterior traslado al Gobierno central.