La
Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en conocimiento del Ejecutivo melillense su programa de reivindicaciones al Gobierno central en materia de inmigración infanto-juvenil, que incluye pedir apoyo del Estado para la “construcción de un nuevo Centro en un lugar adecuado, sin riesgos”, así como para desbloquear la reagrupación familiar “en su país de origen y entorno” de los que lleguen a Ceuta, a lo que se niega
Marruecos, o el “traslado a la Península” de aquellos que no pueden ser repatriados “al objeto de que el número de
menores no acompañados no supere la capacidad” del actual Centro de Acogida local.
Actualmente
en ‘La Esperanza’ y Piniers están albergados alrededor de 300 niños y adolescentes foráneos. La Ciudad desea cerrar los módulos prefabricados instalados durante el primer estado de alarma en la zona de Loma Mendizábal, pero la Administración General del Estado no ha facilitado ninguna solución habitacional viable.
Sin solución aparente a corto plazo una vez fracasadas durante los últimos años las gestiones realizadas con Defensa y la Iglesia, con un horizonte más largo la Administración local tiene un proyecto para la construcción de un nuevo Centro en una parcela municipal ubicada en carretera de García Aldave-Benzú que estaría integrado por varios edificios y módulos de habitaciones, con capacidad para unos 220 menores varones. Incluiría una zona para acoger a 24 niñas, ya que “en estos últimos años la cifra media de féminas menores extranjeras no acompañadas acogidas, ha estado en torno a 28, siendo en la actualidad esa misma cifra”.
Siguiendo la normativa vigente, constaría de todos los servicios necesarios incluida una zona de deporte y ocio. Igualmente Se ha previsto que las características de la construcción y el material de las edificaciones serían “los apropiados para este concepto de uso”.
La duración aproximada de las obras se calcula en “un año” y el presupuesto se estimó “en torno a unos siete millones de euros sin costes de equipamiento” hace dos años.
“Sobreocupación”
Según la Consejería de Presidencia, “en la actualidad se encuentran sobreocupados todos los dispositivos puestos en marcha”, algo que “no sólo se mantiene en el tiempo, sino que aumenta cada día, especialmente en el Centro de Realojo Temporal para Colectivos Vulnerables, haciendo el acogimiento residencial una tarea imposible”.
Por añadidura, su saturación “imposibilita una atención adecuada a los menores, daña gravemente la convivencia entre ellos y da problemas de seguridad, tanto para estos como para los profesionales, que se encuentran desbordados”.
Vox pide encerrar a los menores y el PSOE, dos equipamientos
El
Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea ha pedido incluir en el documento elaborado por el Gobierno de Vivas como factor “fundamental” que los menores extranjeros no acompañados estén en Ceuta “en régimen cerrado” para así “poder llevar a cabo una educación integral de calidad no sometida al libre albedrío de sus caprichos y conseguir su seguridad tanto física como sanitaria, especialmente en estos tiempos de pandemia”.
Los técnicos consideran, sin embargo, que tal reivindicación es incompatible con la legislación vigente, que solo contempla el encerramiento por orden judicial.
Vox también desea que cambie la Ley del Menor “para conseguir más herramientas en el control de la Administración” sobre los jóvenes.
El
PSOE también ha presentado alegaciones al primer borrador de la propuesta de la Consejería de Presidencia, en su caso para urgir al cierre del albergue de Piniers y para incidir en la “primordial” necesidad de construcción de un nuevo Centro que, a juicio de los socialistas y de acuerdo con los técnicos de Menores, deberían ser dos para dar una atención diferenciada a los menores de primera acogida y a los que ya están “establecidos”.
Los de Manuel Hernández coincidieron con Caballas, la tercera formación que se ha pronunciado sobre el texto, en la conveniencia de evitar expresiones como que “Ceuta no puede convertirse en un contenedor de menores”, que ha sido eliminada de la última redacción. Los localistas han abogado por “renegociar” con el Estado la cuantía de las transferencias para estas competencias y adecuarlas a su “coste efectivo”.