El Gobierno sigue consintiendo “la distribución comercial y la entrega de bolsas de un solo uso de plástico no biodegradable” pese a que, según la Ordenanza que aprobó inicialmente la Cámara autonómica en abril del año pasado, debería estar totalmente prohibida y constituir una falta muy grave sancionable con hasta 3.000 euros desde el pasado 1 de enero.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha reprochado esta semana al Ejecutivo que, con su “inacción”, haya permitido que la ciudad autónoma sea “la única” región española en la que el reparto de ese tipo de bolsas no está gravado o vetado, con lo que la normativa local se ha quedado medioambientalmente más atrasada incluso que la de Marruecos.
La Ordenanza establecía entre las obligaciones de la ciudadanía la de “depositar los residuos domésticos en bolsas de plásticos biodegradables difícilmente desgarrables”.
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