El consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, ha avanzado este martes que la Ciudad solicitará al Estado y al resto de comunidades autónomas la activación de otro Plan de Contingencia para trasladar menores extranjeros no acompañados a la península en cuanto se complete la derivación a Andalucía de los 19 que todavía no han cruzado el Estrecho en el marco del planteado en 2022.
En declaraciones a los medios el miembro del Ejecutivo local ha reseñado que la llegada en lo que va de enero de 27 jóvenes foráneos sin compañía, 16 solo durante el pasado fin de semana, es “un tema que nos preocupa y nos ocupa”.
“Estamos viendo un repunte en la entrada de inmigrantes y es verdad que si comparamos este enero con los de otros años este suele ser un mes fuerte, pero nos preocupa y estamos en conversaciones con el Gobierno de la Nación”, ha indicado Gaitán, que ha explicado que este mismo lunes ha pedido directamente al Ejecutivo central “agilizar los mecanismos de derivación a otros territorios por la entrada de migrantes y de menores no acompañados”.
“En noviembre llevamos al Pleno de la Asamblea un acuerdo para el traslado de 36 a Andalucía"
El consejero ha valorado que en 2022 la Comisión Sectorial acordase un mecanismo en virtud del cual la Ciudad puede pedir la solidaridad del resto del país cuando se desborda su capacidad de acogida, fijada en 132 menores atendidos, un 50% por encima del número considerado idóneo (88). Actualmente el Servicio de Protección a la Infancia local tiene bajo su responsabilidad a casi 150.
“En noviembre llevamos al Pleno de la Asamblea un acuerdo para el traslado de 36 a Andalucía [todavía faltan por partir 19, cinco chicas y 14 varones] y en cuando se complete el vigente, porque no se pueden solapar, solicitaremos otro Plan de Contingencia para poder derivar menores a otros lugares del territorio nacional”, ha adelantado.
El acuerdo alcanzado por el Ministerio de Derechos Sociales con las autonomías entiende por crisis migratoria el flujo de llegadas que ocurre repentina o paulatinamente de un gran número de personas menores de 18 años sin acompañante adulto “que, por sus características especiales, tensionan, llegando incluso a desbordar, las capacidades de las entidades públicas competentes para su atención”.
El modelo no pretende crear un sistema paralelo de protección a la infancia y adolescencia, sino reforzar el existente a través de la coordinación de actores y recursos disponibles en todo el territorio español “para permitirle responder de manera ordenada y ágil ante una crisis humanitaria velando por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.
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