La conveniencia de que la Ciudad Autónoma de Ceuta cuente con una naviera municipal es algo de lo que se viene hablando desde hace bastante tiempo. Las razones son bien simples. La única forma que tenemos los que vivimos y trabajamos en Ceuta para comunicarnos con la península, de momento, es a través de una línea marítima. Por tanto, esta línea tiene un doble interés público. Uno, derivado de la obligación que tiene el Estado de garantizar las comunicaciones y movilidad de sus ciudadanos. Otro, a consecuencia de que al ser la única forma de viajar a la península la misma es vital para nuestra subsistencia. Por esta razón debería estar especialmente protegida por el Estado, como se hace con cualquier otro bien de interés estratégico, ya sea civil o militar.
Entre los principios del transporte de ciudadanos que se incluyen en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, hay uno que obliga a los poderes públicos a promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales más desfavorecidas, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso. Ya sé que nos separa con la península un pedazo de mar, pero los efectos son los mismos. ¿Se cumple este principio en el caso de Ceuta?. Yo entiendo que sólo en parte, pues si bien se garantiza un número de viajes de barco al día, los precios de los pasajes, en media anual, están muy por encima del precio necesario para que las navieras cubriesen todos sus costes fijos y variables de explotación.
Por tanto, si se quiere garantizar que las personas que residimos en Ceuta no seamos perjudicados por la “voracidad” recaudadora de unas empresas navieras que, “milagrosamente”, coinciden en sus precios permanentemente, la Ciudad de Ceuta tiene que intervenir. Pero también para ayudar a que el flujo de potenciales visitantes, turistas o de otro tipo, que dejan entre nosotros su dinero, no se vea mermado por estos precios abusivos. Y la forma más eficiente de hacerlo es atacando el problema de raíz. Es decir, poniendo en marcha una naviera municipal que garantice un flujo constante de conexiones con la península a precios verdaderamente populares.
Para hacer lo anterior, hay diversos sistemas. Desde poner en marcha una empresa municipal específica, hasta encargárselo a cualquiera de las existentes. ¿Significa esto que los buques deberían ser propiedad municipal, y el personal de la plantilla de la Ciudad Autónoma?. No necesariamente. Se podría arrendar el servicio, o también recurrir a la modalidad de la colaboración público privada (PPP), que nuestro ordenamiento jurídico actual lo permite.
PPP son las siglas de lo que se conoce en inglés como Public Private Partnerschip, que no es más que el nombre que se da a los contratos de colaboración pública-privada, para el desarrollo de determinadas actividades que, tradicionalmente, estaban encomendadas al sector público. Algunos países, principalmente anglosajones, pero también otros como Japón, Francia, Italia, Alemania, o Hungría, han desarrollado este sistema, que según lo define la OCDE no es más que un acuerdo entre la Administración y determinadas entidades privadas, de manera que éstos proveen algunos servicios públicos a cambio de unas cantidades, que sólo perciben si se cumplen determinados objetivos de calidad, o de cantidad. De esta forma, parte del riesgo se transfiere desde el Estado a las empresas privadas, que además de la inversión, tendrán que velar por el eficiente funcionamiento de dichos servicios públicos.
En el presente caso, está claro que se debería partir de un precio de equilibrio del pasaje, que garantice que se llega, al menos, a lo que técnicamente se denomina “punto muerto” de equilibrio, que no es más que el resultado de dividir el coste fijo anual de la empresa naviera, por su margen de beneficio (precio del pasaje menos coste variable por persona de este pasaje). Evidentemente, en esta sencilla operación, para garantizar que se llega a ese punto en que se cubren los costes fijos y variables de la actividad lo antes posible, se puede recurrir a varias estrategias. Una, disminuyendo los costes fijos, lo cual no es posible si no reducimos costes de personal o costes de amortización del buque, fundamentalmente. Dos. Aumentando el precio del pasaje. Es lo que actualmente hacen las navieras. Tres. Sin aumentar el precio del viaje, disminuir el coste variable por pasajero del mismo. Y esto se hace, o utilizando barcos más eficientes y de menor consumo energético, o aumentando el número de pasajeros. Justo lo que no hacen las navieras en la actualidad, al tener garantizados unos ingresos con la subvención estatal. En el caso de la naviera concertada, existiría un incentivo a poner en marcha ambas medidas, pues descartada la subida de precios, sería la única forma de obtener algo de beneficio. Por tanto, margen de rentabilidad seguiría existiendo.
Aunque, mucho me temo que el anuncio del gobierno local no haya sido más que una “serpiente de verano”, con la intencionalidad de mantener calmada a la población hasta que pasen las elecciones generales. Ojalá me equivoque.