El Registro de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia, registró durante el primer semestre de este año un descenso del 30% en el número de testamentos inscritos respecto al mismo periodo de los dos años precedentes. A pesar de los meses de confinamiento y las restricciones de movilidad impuestas a la ciudadanía, 241.433 personas inscribieron su testamento durante este periodo en todo el territorio nacional.
Cataluña (41.417), Andalucía (38.852) y Madrid (27.362) fueron las Comunidades autónomas con más inscripciones, mientras que Melilla (155), Ceuta (265), La Rioja (1.825) y Cantabria (3.074) registraron las cifras más bajas.
La misma tendencia registró durante este particular primer semestre de 2020 el número de testamentos procedentes del extranjero, consulares y militares, -se graban directamente en el Registro de últimas voluntades- ya que se redujo a 73.
Durante los dos años anteriores las cifras fueron muy similares: en 2019, 692.336 ciudadanos registraron su testamento, frente a los 687.584 que lo hicieron en 2018. Cataluña también fue la Comunidad autónoma que más testamentos inscribió en los dos años citados. Ceuta y Melilla, las que menos. La primera registró 555 al término de 2019 y 632 en 2018; mientras que la segunda inscribió 462 en 2019 y 360 en 2018.
El pasado 15 de marzo, un día después de decretarse el estado de alarma, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, dictó una instrucción que contenía las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio público notarial durante la pandemia. Así, debido a las restricciones deambulatorias de los ciudadanos, los notarios solo tenían obligación de atender aquellas actuaciones notariales de carácter urgente, por teléfono o a través de un escrito presentado telemáticamente en la página web del Colegio del Notariado. El interesado debía acudir personalmente a la oficina notarial en el día y hora indicado por el notario, cumpliendo con todos aquellos medios de autoprotección que garantizaran la seguridad sanitaria.
“La DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha garantizado a los ciudadanos que durante este periodo tan excepcional del confinamiento, quedaran asegurados todos los servicios notariales de carácter urgente, con un estricto cumplimiento de las medias sanitarias de protección estipuladas por las autoridades y siempre con el menor riesgo para los interesados”, ha explicado Sofía Puente, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. “Dadas las circunstancias, - ha asegurado- ni se ha producido el desbordamiento de testamentos que algunos alarmistas anunciaban, ni en absoluto se ha parado el servicio: ha prevalecido la coordinación, el sentido común y la prudencia de los ciudadanos”.
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