Ceuta y Melilla con menos expedientes de denuncias por infringir el primer estado de alarma

De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Ceuta y Melilla son las comunidades autónomas que presentan las menores cifras en cuanto a expedientes de denuncia que fueron interpuestas entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 por infringir el primer estado de alarma. Siendo Andalucía y Madrid las que encabezan la lista con 195.986 y 184.517, respectivamente.

Como aclaratoria, la Política Territorial ha recalcado que las multas que fueron registradas durante el primer estado de alarma eran responsabilidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a excepción de Cataluña y País Vasco, donde los Gobierno autonómicos tienen las competencias en materia de seguridad ciudadana.

En total y a la fecha ha sido resueltas con sanción 172.482 multas correspondientes al primer estado de alarma, lo que se traduce en el 17,9% de las reclamaciones que fueron impuestas durante tres meses, que fueron 960.580. La cifra de expedientes analizados alcanza el 50,1% del total.

Se tramitaron 481.969 actas de propuesta de sanción, de las cuales 172.482 se resolvieron con esta medida. Mientras que 87.826 fueron trasladadas a otras administraciones, tanto autonómicas como locales. Por otra parte, 54.193 están en estatus de instrucción y 11.206 resultaron archivadas. Para completar el total, 156.262 no procedieron para procedimiento sancionador.

Actualmente el Gobierno se encarga de reforzar las Delegaciones con el objetivo de agilizar las 478.611 actas que aún quedan pendientes de análisis. Asimismo, deja saber que las comunidades autónomas se encuentran gestionando lo correspondiente al segundo estado de alarma.

En función del balance general, se destaca que 1.142.127 multas fueron impuestas en toda España durante el primer estado de alarma, a las que se suman unas 220.296 sanciones correspondientes al segundo estado de alarma. Esto según el reporte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al cumplirse un año del primer estado de alarma.