La Delegación argumenta que en la ciudad tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ya tienen sus “equipos específicos” contra la radicalización violenta.
Ceuta no estará, al menos de momento, entre los municipios españoles con Grupo Local de Lucha contra la Radicalización Violenta, la herramienta que el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta aprobado hace tres años por el Consejo de Ministros previó poner en marcha “en cada municipio del Estado” para prevenir, detectar y vigilar casos de extremismo antes de su completa degeneración, cuando su tratamiento ya compete a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Según indicaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, se va a incidir en la prevención de la radicalización en el ámbito educativo pero no se creará un Grupo Local tal y como está concebido porque “ya existen equipos específicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para esos asuntos”.
El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta asume que el término geográfico local es “el escenario principal en el que se debe actuar sobre este fenómeno” y diseña órganos locales con presencia de representantes de la Policía Local, Administración más cercana (Asuntos Sociales), entidades sociales, Juzgados, centros escolares y colectivos de riesgo que, “bajo la coordinación del sector de la seguridad pública del Estado”, participen “en la prevención y tratamiento de los focos locales detectados”.
Eduardo Hernando, analista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que desde hace meses se encarga de la formación de miembros para Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta, puso anteayer de relieve en el Campus la importancia de la “colaboración ciudadana” para detectar y alertar de signos e indicios de radicalización violenta y detalló el papel que juegan esos foros a nivel municipal siempre con un representante de la Policía Nacional o la Guardia Civil al frente.
Málaga acogió una experiencia piloto y durante el año pasado se empezó a trabajar en los de La Coruña, Vigo, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Castellón, Valencia, Cartagena, Sevilla, Algeciras, Almería, Madrid, Fuenlabrada y Barcelona.
“Aquí cada uno está a lo suyo y no hay puesta en común de nada”. Esa es la explicación, según fuentes de la lucha antiterrorista citadas por el diario ‘El País’, para que en tres años apenas hayan germinado Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta de acuerdo con las previsiones del Plan Nacional.
El documento, creado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), “tiene un carácter eminentemente social y está en la línea preventiva que exige la lucha contra el yihadismo, lo que persigue es coordinar a esos agentes sociales para poder detectar focos de radicalización”.
Aunque son una especie extraña, el Gobierno de Mariano Rajoy habla de los Grupos Locales contra la Radicalización Violenta como si fueran una realidad extendida. En su respuesta a una interpelación del senador vasco Jon Iñarritu sobre el seguimiento a las personas que salieron de España con supuestas motivaciones yihadistas en dirección a Siria o Irak, este mes ha asegurado que “son integrales y de carácter multidisciplinar y se hallan representados todos los ámbitos desde los que se previene la Radicalización Violenta”.
Solo 22 de los 223 desplazados a Irak o Siria desde España están de vuelta
“Son los responsables de hacer frente a los fenómenos que se detecten en su ámbito geográfico, y por tanto, de su prevención”, ha añadido el Ejecutivo central, que incluso les ha atribuido la “responsabilidad” de “los esfuerzos a realizar en la ‘vuelta a la normalidad’ de los procesos violentos que hayan sucedido, y por tanto, de su proceso de desradicalización”.
Desde el inicio del conflicto sirio se han desplazado a esa zona “un total de 223 individuos con nacionalidad española o residencia legal en España, de los que unos 135 permanecerían desplazados en Siria o Irak”. Siempre según el Gobierno central, “del total de personas que se contabiliza que han abandonado España, habrían retornado 37, de éstas, únicamente 22 se encontrarían en España, en prisión [“gran parte”] o en libertad”.
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