El Real Instituto Elcano viene elaborando desde hace siete años un trabajo colectivo para analizar la posición internacional de España en el nuevo año, en este caso para 2019, en el que haciendo balance de lo ocurrido durante el anterior, colaboran muchos de su investigadores principales. Un policy paper coral, que pretende tres objetivos: ofrecer un balance crítico de lo ocurrido en el año anterior; hacer una previsión de prospectiva a corto plazo; y ofrecer pistas para reforzar la posición de España en Europa y en el mundo. En cuanto al balance de 2018, subraya que la política exterior española se vio afectada por dos elementos externos: el primero, la difícil gestión de la grave crisis catalana, que en el otoño anterior había alcanzado gran resonancia mundial, y, en segundo lugar, la debilidad parlamentaria del poder ejecutivo, que limitaba mucho las posibilidades de una mayor presencia internacional. Considera que los acontecimientos del pasado año en Europa (formación de un gobierno euroescéptico en Italia, menor fortaleza de la esperada en el eje franco-alemán, desorientación en el Reino Unido a propósito del Brexit y auge generalizado de los populismos en el continente), así como los acontecidos en América Latina y en el Mediterráneo “muestran la necesidad de que un Estado medio-grande y favorable a la integración como es España asuma mayores responsabilidades y, con ello, ayude a fortalecer a la UE en un mundo cuyos desarrollos más importantes (erosión de la multilateralidad, aislacionismo creciente de EEUU y crecientes tendencias autoritarias en las potencias emergentes) también refuerzan la conveniencia de una política exterior y de seguridad común más eficaz, decidida y autónoma”. El año por el que ya avanzamos de manera inexorable, más allá de las coyunturas electorales, resulta importante para nuestro país porque toca renovar la Estrategia de Acción Exterior que se aprobó en 2014. El proceso para llevarlo a cabo supone una ocasión idónea para abrir una reflexión en profundidad entre los políticos, los altos funcionarios, representantes de la sociedad civil y expertos sobre cómo se debe abordar el cambiante panorama internacional. Las prioridades estarán centradas en los asuntos migratorios y en las grandes negociaciones que afronta la UE (el Brexit, el próximo marco financiero plurianual y el nombramiento de los puestos de alto y medio nivel en las instituciones comunitarias), y ello abre también la oportunidad de intentar revisar la posición de nuestra ciudad respecto al estatus deseable en la Unión Europea, así como cuestiones sobre la inmigración y algunos asuntos específicos en nuestra relación con Marruecos.
El informe afirma que, en conjunto, los inmigrantes definidos por su origen y no por su acceso a la nacionalidad española, representan ya un 14% de la población total, y la quinta parte (el 21%) de la población de entre 16 y 44 años (el 24% en el grupo de edad 30-34). Son cifras importantes. Junto al hecho de que el aumento de las llegadas de inmigrantes “ha producido un crecimiento de la población española en 75.000 personas (primer semestre de 2018), que esconde la disminución causada por un saldo natural (nacimientos menos defunciones) negativo de -46.000 personas”. Esto supone que, en comparación con el año 2017, se han producido menos nacimientos y más muertes, como corresponde a una población ligeramente más envejecida y cuya tasa de natalidad sigue sin remontar. Al respecto se advierte que “a largo plazo, como avisan todos los analistas, esta evolución demográfica pone en grave peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones español No puede fiarse a la contribución de los inmigrantes el remedio a este problema económico y demográfico, ya que su tasa de natalidad se asimila rápidamente a la española. A la larga es necesario un aumento sustancial de la natalidad y una mejora de la productividad que permita salarios más altos capaces de hacer contribuciones mayores al sistema de pensiones”. Respecto a la inmigración irregular, se reconoce que durante todo el año 2018 la noticia ha sido su gran aumento. Lo cual ha tenido importantes consecuencias en la opinión pública y en la política internacional. “La llamada “ruta occidental” del Mediterráneo, la que se dirige a España, se ha convertido en el principal canal de entrada a la UE de migración irregular detectada en frontera".
Las cifras producidas en 2018 alcanzan las 56.000 llegados por mar, a las que hay que añadir los 6.000 que se produjeron a través de Ceuta y Melilla. “Son las mayores cifras alcanzadas en la historia contemporánea de España, muy superiores a las que causaron el anterior pico en el volumen de entrada irregular en 2005 y 2006 (llegadas a Canarias y a Ceuta y Melilla)”. Comparando la cifra de la llegada en el pasado año de 2018 de unas 62.000 personas, con las producida, en términos europeos, resulta una cifra pequeña en relación con los flujos de entrada irregular en Grecia o Italia en años anteriores, como han sido los que van de 2015 a 2017. Sin embargo, estas comparaciones no contribuyen a disminuir la alarma que el volumen de llegadas provoca tanto en España como en la UE. El origen nacional de los inmigrantes llegados a la UE es muy variado, siendo bastante diferenciado del que se produce en España, ya que en el caso español predominan los provenientes del Magreb y especialmente los de Marruecos. Según el estudio, “la causa de este aumento de llegadas (procedentes de Marruecos) parece ser el resultado de varios elementos: la posibilidad de que se reimplante allí el servicio militar obligatorio, la fuerte sequía de 2017, la represión de las protestas en la zona del Rif y la frustración de las expectativas de la juventud de esa zona”.
Pero el grueso de los que entran por Ceuta y Melilla proceden de países subsaharianos, y ante ellos el Elcano Policy Paper sostiene que España se encuentra “con el mismo problema que frena el control de los flujos migratorios en toda Europa, la escasez de acuerdos de readmisión con sus países de origen”. Afirma también que resulta especialmente difícil la gestión en relación con los menores inmigrantes no acompañados (MENA), los cuales no pueden ser devueltos salvo en condiciones de máximas garantías respecto de su acogida en origen. “España acogía a finales del 2018 a unos 11.000 MENA, el 70% de ellos marroquíes, y su atención ha causado la saturación de los centros dedicados a su acogida y problemas de gestión política en la relación entre las diferentes administraciones (local, autonómica y central)”. En el capítulo relativo a España y las políticas regionales se mantiene que el año 2019 será un año de continuismo en el Magreb y Oriente Medio. No obstante, sostiene que “existe una creciente lista de incertidumbres que afectan al conjunto del vecindario sur de la UE, así como dudas sobre la evolución interna y la estabilidad de varios de los países que componen ese vecindario”. Uno de esos rasgos que se acentuaron durante el año 2018 fue que el autoritarismo aumento en prácticamente toda la región. Este rasgo va unido en especial a que su aumento se relaciona con la incapacidad, en distinto grado, de los regímenes para atender las necesidades de sus jóvenes y crecientes poblaciones.
Su análisis identifica una serie de corrientes de fondo que están transformando rápidamente las realidades en que viven las poblaciones de estos países árabes. Entre ellas incluye de forma principal, el crecimiento demográfico, el desempleo juvenil, urbanización y éxodo rural, cambio climático, dependencia del petróleo, déficit alimentario, conectividad y revolución tecnológica. Algunas de ellas afectan también especialmente a nuestro entorno.
"Respecto a la inmigración irregular, se reconoce que durante todo el año 2018 la noticia ha sido su gran aumento. Lo cual ha tenido importantes consecuencias en la opinión pública y en la política internacional. “La llamada “ruta occidental” del Mediterráneo, la que se dirige a España, se ha convertido en el principal canal de entrada a la UE de migración irregular detectada en frontera"
A pesar de estas transformaciones, en estos países permanecen las trabas a las reformas, lo que va unido a que la corrupción no se reduce, las desigualdades aumentan y el malestar social se exacerba. En estas circunstancias, la respuesta de los regímenes políticos es aumentar la represión, utilizar la mano dura para controlar a las poblaciones. De manera que la legitimidad de los Estados se está erosionando, y como respuesta a la situación muchos intentan buscar oportunidades fuera. “Las tensiones internas y regionales exponen la creciente fragilidad del “sistema árabe”. Por lo que se refiere a Marruecos, que es el país clave en la región para España y, muy especialmente, para nosotros, el estudio señala que “en estos momentos la cooperación se califica como buena por las autoridades de ambos países, aunque existan cuestiones espinosas, como el aumento de la llegada de emigrantes irregulares a España y el cierre unilateral por parte de Marruecos de la frontera comercial con Melilla”. No menciona las dificultades existentes en la frontera con Ceuta, que parecen responder a una estrategia semejante o con iguales objetivos a la que ha motivado la medida de Melilla. Menciona, por último, en relación con Marruecos el estado de salud del rey Mohamed VI y sus largas ausencias del país, algo que se ha convertido en el asunto principal de las habladurías que predominan en el vecino reino. “Es algo sobre lo que los marroquíes se expresan más cada vez, y no sin cierta inquietud, pues el monarca es la figura central del sistema político. Por otra parte –insiste-, la falta de oportunidades, los problemas sociales y la desconfianza en el sistema están alimentando movilizaciones y pequeñas revueltas a nivel local, así como una campaña de boicot contra intereses económicos de sectores ligados al poder. No parece que esas dinámicas vayan a remitir en 2019”. Para terminar, es interesante destacar, que se considera en relación con el flujo migratorio, que la política exterior española afrontará en el África Subsahariana el primer desafío de poner en marcha una serie de acciones anunciadas, ”y traducir a la práctica la consideración de la región como nueva prioridad política para España”. Se esperan nuevas iniciativas y una visión renovada genuina. “España debe entender las relaciones estratégicas con los países africanos desde un enfoque que trascienda de colocar como elementos centrales la gestión de los movimientos migratorios y amenazas de seguridad. Para la que es la cuarta potencia de la UE, y la más cercana geográficamente al continente africano, urge entender las relaciones con los países africanos también desde una perspectiva de oportunidad económica y geopolítica, y sobre todo de legitimar esas relaciones contribuyendo al necesario crecimiento y desarrollo humano”. Algo que sería más fácil de concebir si en vez de considerar que somos “la potencia más cercana geográficamente al continente africano”, aceptásemos una realidad que no me canso de reiterar, como es la de admitir que somos un Estado bicontinental: europeo y africano, pues tanto el Archipiélago Canario como Ceuta y Melilla formamos parte de este segundo continente.