El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el PP para instar al Gobierno de la Nación a declarar como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Lo ha hecho, no obstante, con polémica y con acusaciones de utilización de las fuerzas de seguridad con fines políticos.
El PP lleva al foro asambleario una petición trasladada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC-, pero esto lo ha dicho hoy de manera verbal, no lo recogía como tal expresamente en la propuesta, algo que le ha afeado la líder de MDyC, Fatima Hamed.
Vox ha apoyado la propuesta que ha tildado de “acto de hipocresía del PP”, recordando que en mayo ya Vox lo había pedido en el Congreso. “Es de vergüenza, si hay un gobierno que más ha humillado a la Policía Nacional y Guardia Civil es el Partido Popular, esto es una verdadera falta de respeto”.
“Con mayorías absolutas no ha hecho nada por dignificar económicamente a la Policía y Guardia Civil, cosa que sí ha hecho con las policías autonómicas. Eso lo ha hecho el PP, no vengan ahora aquí a ponerse el numerito de defenderlos, de exigir al PSOE que los reconozca, cuando el PP con mayoría absoluta no ha hecho absolutamente nada”, ha denunciado Redondo.
El PSOE ha defendido que el Gobierno está trabajando por esas mejoras, habiéndose subido los salarios de las fuerzas de seguridad, mejorando la tasa de reposición de efectivos y los sueldos.
Para Fatima Hamed, cabeza visible de MDyC, lo que hacen las formaciones políticas es usar a las fuerzas de seguridad como “armas arrojadizas”, usándose a policías y guardias civiles para que los partidos se tiren piedras unos a otros.
En la propuesta, ha resaltado Hamed, no se hace mención que sea a instancias de AUGC por lo que califica este punto de “instrumentalización pura y dura”. “Esta reivindicación histórica la lleva abanderando las asociaciones hace mucho tiempo”, ha recalcado.
Ceuta Ya!, a pesar de votar a favor por ser una petición de AUGC, no ha pasado por alto “asuntos que nos parecen graves” sobre todo porque en la petición se alude a las agresiones que sufren los agentes ya que viene a criminalizar al pueblo español como autor de las mismas.
“Quienes más sufren las agresiones son los sanitarios, después la educación, en tercer lugar, los educadores sociales y en cuarto lugar las policías. Nuestro pueblo español no maltrata a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si hay alguien que ha maltratado a guardias civiles son ustedes, el PP y el PSOE, que han gobernado durante 40 años. Mantienen a la Guardia Civil bajo el régimen militar, por discutir un guardia civil con un cabo se ha comido cárcel, también en otro caso otro guardia por tirarle una rodaja de limón a un sargento”, recordado Mohamed Mustafa.
“Aprobamos la propuesta porque procede de la AUGC, pero cuando hablan de quebrantamiento social deberían pedir perdón al pueblo español porque no agrede. Es imperdonable que lo hayan puesto”.
Los populares reclaman además que se acometan modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada al que lo desee sin pérdida de poder adquisitivo.
Con esa propuesta, se insta al gobierno central a encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.
De igual manera, la formación popular reclama ejecutar la cláusula tercera del acuerdo de equiparación de 2018 para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en segunda actividad o de reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.
El PP pide la elaboración de una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español.
Con esta petición, los populares buscan defender la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar “su inmenso y sacrificado trabajo”, exigiendo las mismas retribuciones que tienen el resto de cuerpos policiales.
Explica el PP en su propuesta que el servicio que prestan las fuerzas de seguridad “es fundamental en nuestra democracia” para garantizar “la convivencia y seguridad”.
En base a ello “no puede ser la misma pensión de un policía nacional y de un guardia civil (subgrupo C1) que la de un administrativo del Estado. El trabajo no es el mismo y el riesgo, evidentemente, no es comparable, considerando tanto el trabajo como el riesgo superior”.
El PP expone que las jubilaciones de Policía y Guardia Civil se pueden solicitar con 30 años de servicio y 60 años de edad, de igual manera que el resto de funcionarios pertenecientes a clases pasivas. Las policías locales y cuerpos autonómicos, a los 59 años, sin pérdida de poder adquisitivo.
Las fuerzas de seguridad no están reconocidas como profesión de riesgo por el Estado, sin embargo, “se les penaliza como si tuvieran tal consideración de profesión de riesgo, por ejemplo, a la hora de hacer un seguro de vida”.
“Es de justicia que se dé una solución a las retribuciones en la jubilación de Policía Nacional y Guardia Civil. Es de justicia enmendar esta situación. Es de sentido común considerar a Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, como otras profesiones así reconocidas en España y abrir una puerta dentro de clases pasivas para diferenciarse de todos los funcionarios integrados en este régimen, por sus peculiaridades y riesgos al ejercer su profesión, y para poder igualar las pensiones de jubilación por años de servicio con Policía Local y cuerpos policiales autonómicos, en las mismas circunstancias que ellos”.
El PP apunta también a la “degradación en las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad, unido al quebrantamiento social en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, que conlleva que de media en España cada día sean agredidos 30 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, según los datos de Interior”.
En cifras, en 2023, policías y guardias civiles sufrieron 1.400 agresiones al mes, tras tres años con incrementos superiores al 8%.
Los populares consideran “de justicia” que se lleve a cabo la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares y que sea una equiparación real y total.
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