La visita el pasado viernes del consejero de Bienestar Social de Melilla, que allí es competente en el tema de Menores, ha vuelto a poner sobre la mesa el coste que para las dos ciudades autónomas tiene la presencia de los menores no acompañados, sin que por parte de la Administración General del Estado, haya gobernado quien haya gobernado, se hayan tomado en serio este fleco de la inmigración irregular global. Porque mientras el Estado sí atiende al cien por cien a los inmigrantes mayores, a los pequeños, de acuerdo con las competencias asumidas por las dos ciudades, el convenio que tiene firmado con los dos gobierno no cubren ni el 30 por ciento de lo que para ambos Ejecutivos suponen las atenciones.
A día de hoy, según los cálculos a los que ha tenido acceso este periódico, el mantenimiento de los menores extranjeros no acompañados supone un montante global cercano a los 5 millones de euros, mientras que la Ciudad Autónoma nada más que recibe por un acuerdo con el Ministerio, algo menos de 1,5 millones de euros. El caso de Melilla es mucho más sangrante, porque aunque reciben 1,7 millones de euros, tienen ahora mismo bajo su tutela a cerca de 500 chavales.
Por supuesto, que el Gobierno de Ceuta va a seguir insistiendo, quizás ahora con mayor fuerza, la necesidad de que se produzca un replanteamiento de la situación por parte de la Administración General del Estado y se incrementen estas cantidades porque las explicaciones son muy claras. Esas fueron las razones que han llevado durante varios años a que por parte del Gobierno del presidente Vivas se le haya estado insistiendo a la Secretaría General de Inmigración y Emigración la necesidad de que compartiera la construcción del nuevo centro para los menores extranjeros no acompañados, que se pretende construir en las cercanías de la nueva prisión en Fuerte Mendizábal. Ya sabemos que su coste aproximado ronda los 5 millones de euros y aunque es un proyecto del que se viene hablando hace varios años, no se ha podido acometer porque por parte de la mencionada Secretaría General de Inmigración y Emigración no ha existido una respuesta adecuada. Muy buena voluntad en palabras, pero pocas con hechos contantes y sonantes.
El propio equipo de Gobierno sabe ahora que ya no hay más posibilidad de seguir esperando una respuesta por parte de Madrid y que ha llegado el momento de dar el paso adelante y asumir su construcción, aunque sea en solitario. No hay más tiempo.
Por supuesto, que en el actual momento de incertidumbre política, se sabe que poco se puede conseguir, pero, al menos, no queda más remedio que seguir cargando las baterías de buenas razones para volver, una vez que haya un Gobierno perfectamente constituido, a presentar estas demadas.
Bien es cierto que en su día la Ciudad Autónoma de Ceuta firmó las competencias en materia de menores, pero no existía este conflicto con los menores no acompañados. En los últimos tiempos hemos denunciado como son muchos los progenitores marroquíes que llegan a Ceuta y dejan a sus hijos para que queden en manos de la Ciudad Autónoma. O, por otro lado, como menores con patología difíciles son también abandonados a este lado de la frontera para que sean tratados y atendidos a costa del erario de todos los ceutíes.
Nadie habla de falta de solidaridad, porque el Área de Menores de la Ciudad cumple a la perfección con sus obligaciones con estos extranjeros, quien no cumple con asumir su coste total es la Administración General del Estado.
LAS CLAVES
Con la visita del consejero de Melilla
La visita del consejero de Bienestar Social de Melilla, que es competente en tema de menores, a nuestra ciudad ha vuelto a poner encima de la mesa esa diferencia que existe entre el verdadero coste de los menores extranjeros no acompañados al Gobierno ceutí y lo que se recibe de Madrid.
Mientras que el coste real de los menores extranjeros no acompañados se aproxima a los cinco millones de euros, realmente por parte de la Administración General de Estado hay un convenio donde transfieren nada más que algo menos de un millón y medio de euros.
La idea que tiene el Gobierno de Juan Vivas es volver a poner encima de la mesa en sus negociaciones con Madrid la necesidad de dar una vuelta de tuerca a esa diferencia que existe entre los que se recibe y el gasto real. El momento adecuado, como es lógico, será cuando haya ya un Gobierno que cuente con el respaldo de las Cortes despùés de unas más que posibles nuevas elecciones.
Entre los puntos de crítica se incluye además la suspensión del calendario escolar una vez que había sido aprobado.
La secretaria general no se ha pronunciado Han sido muchos los contactos con Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración a lo largo de los últimos años sin que haya existido un compromiso claro de invertir el Estado en la construcción del nuevo centro.
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