Los datos que nos traslada la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Ceuta, Rosario Andreu, publicados en la revista del sindicato a nivel nacional, sobre la situación de las transfronterizas en Ceuta en tiempos de COVID-19, deben analizarse con detenimiento, pero sin lugar a dudas deja en muy mal lugar a los empleadores y, por supuesto, a los organismos que deben de vigilar e inspeccionar para que las trabajadoras y trabajadores no sean explotados.
Según el estudio unas 25.000 mujeres marroquíes entraban en la Ciudad Autónoma de Ceuta para realizar preferentemente tareas de hogar. De ellas el 70% no tenía regularizada su situación laboral, es decir, trabajan con empleadores sin estar dadas de alta en la seguridad social y, además, el 95% del total de estas trabajadoras no percibe el sueldo estipulado sino una especie de pacto donde reciben unos 20 o 25 euros diarios si van a varias casas a la semana.
Tendríamos que ser muy cínicos para llevarnos las manos a la cabeza sobre los datos aportados por los compañeros de CCOO, porque es de dominio público en Ceuta. Igual de cínicos o más si queremos justificar estas explotaciones con argumentos como “peor es que no trabajen, nadie les pone un cuchillo para que lo hagan o saben las condiciones antes de trabajar”, porque esos argumentos no justifican nada y dicen mucho de la catadura moral del que la expresa.
El exdelegado del Gobierno Francisco Antonio González (Q.E.D) autorizó la contratación de trabajadoras transfronterizas para acabar con una situación laboral de explotación injusta que, evidentemente, minimizó muy poco la explotación, porque sólo 2.031 mujeres fueron regularizadas, aunque a pesar de ello, seguían realizando jornadas superiores a las que les abonan en el contrato. Por tanto, ante la situación denunciada por CCOO se pueden hacer dos cosas: oídos sordos o poner los mecanismos que eviten la explotación de trabajadoras y trabajadores que dejan en muy mal lugar a los empleadores, a la propia ciudad y, por supuesto, a los organismos encargados de evitar la explotación laboral de todos los ciudadanos -españoles o extranjeros-.
Francisco Antonio González dio un paso importante, pero como decía, no ha sido suficiente y, por tanto, se deberían implementar medidas que impidan que en este país se dé esta situación, porque la legislación que regula las contrataciones laborales en las Ciudades Autónomas son las mismas que en el resto de las comunidades. Unas medidas que, de alguna manera, fomentarían el empleo local y acabarían con la “mala idea” o la mala imagen que algunos pretenden dar de las trabajadoras de nuestra “pequeña y marinera”, porque a veces da, permítanme la expresión, da “HASTA ASCO” escuchar a trabajadores -como usted y como yo- decir que las ceutíes no quieren trabajar y por eso contratan a marroquíes. Las ceutíes no quieren trabajar con un mísero sueldo, un montón de horas, sin asegurar, mientras usted, yo y otros muchos, cobramos un buen sueldo de funcionario, trabajamos 37,5 horas a la semana, exigimos todos nuestros derechos y, como debe ser, seguimos reivindicando mejoras económicas, laborales y sociales.
Mi padre utilizaba una expresión que resume y mucho los intentos de estas justificaciones: “Todo el mundo no puede vivir en la calle Real” si para hacerlo tienes que traficar con droga, robar o explotar a un trabajador. En definitiva, si no podemos contratar con todos los derechos a una persona, lo mejor es sacrificarnos y hacer las labores de casa o contratarlos menos horas, pero no a costa de explotar a un trabajador, sobre todo, cuando muchos empleadores son también trabajadores.
Creo que no me equivoco si digo que lo que escribo es lo que viene a expresar CCOO en su informe, aunque no tan explícitamente, pero entender otra cosa es imposible o por lo menos es lo que percibo.
Disculpen las molestias.