Ceuta, en la 'lista negra' por tardar en ejecutar contratos de emergencia por la covid-19

El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia celebrados en 2020 pone su foco sobre varias Comunidades Autónomas, y también en Ceuta y Melilla. Según dicho documento, se ha advertido que Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia  y las dos ciudades autónomas han dejado pasar más de un mes para ejecutar la mayoría de ellos durante la pandemia del Covid-19.

En concreto, en cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3% de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

El informe también habla sobre los precios en la adquisición de determinados productos, como es el caso de las mascarillas. En el caso concreto de Ceuta, se indica que la ciudad autónoma adjudicó 8 millones de euros de los cuales 2 fueron para suministros.

De esta cantidad, un millón de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,91 euros, y el de las FFP2 fue de 3,61 euros.

Por su parte Melilla contrató de emergencia por valor de 5 millones destinando a suministros 1 millón de euros. De esta cantidad, 0,5 millones de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,2 millones a mascarillas. El precio de las mascarillas homologadas reutilizables fue de 2,75 euros.

Solo el 9% presentó incidencias

Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las CCCAA y Ciudades Autónomas objeto de examen.

En la mayoría de los casos el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la pandemia, siendo bajo el número de contratos (39 de un total de 421 fiscalizados, 9% de la muestra) en el que se advirtieron incidencias en relación con la justificación.