Ceuta es la tercera Autonomía que menos porcentaje de la cuantía total de sus convenios con el Estado aporta, un 20%, solo por delante de las Islas Canarias (menos del 2% sobre casi 1.370 millones de euros al año, fundamentalmente para carreteras) y el País Vasco, que pone el 14,95% de un global de apenas 535.000 euros.
El año pasado, según el informe que acaba de publicar la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, las aportaciones financieras de la Administración General del Estado (AGE) y la Ciudad Autónoma a sus convenios y acuerdos se elevó a 30,9 millones de euros. De ellos, la institución regional puso 6,01 millones y la nacional, 24,8.
Esto supone que, a pesar de que la confinanciación de ministerios como el de Educación a sus programas conjuntos con la Ciudad ha caído drásticamente durante los últimos años, Ceuta sigue entre las regiones mejor ‘tratadas’, siete puntos mejor que la media.
La Administración del Estado aportó en 2018 cerca de 3.000 millones, el 73% de la financiación prevista en convenios y acuerdos en promedio lo que da una idea de la asimetría en el compromiso económico entre los firmantes”, subraya la Dirección General.
Ceuta suscribió el año pasado convenios y acuerdos con los departamentos de Ciencia (1), Cultura (2), Educación (4), Fomento (3), Hacienda (3), Interior (1), Justicia (2), Sanidad (1) y Trabajo (1). En total, 18.
Si durante todo 2018 la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma formalizaron un total de 18 convenios y acuerdos de colaboración con implicaciones presupuestarias, durante el primer semestre de este ejercicio su número ha caído a exclusivamente cuatro.
Con el Ministerio de Educación se han suscrito los de implantación de Escuelas Infantiles de primer ciclo y de programas de compensación educativa para desfavorecidos. Con el de Sanidad, una adenda para la difusión e implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación informática. Con el de Política Territorial, la prórroga para resolver reclamaciones de transparencia.
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