Un total de 58 personas fueron detenidas en España en 2019 acusadas de estar vinculadas con el terrorismo yihadista, el doble que el año anterior, y casi el 45 % de ellas con nacionalidad española aunque de origen marroquí, sirio o iraquí. Solo una de estas intervenciones antiterrorista tuvo por escenario Ceuta: la detención de un conocido integrista y referente del radicalismo en la ciudad autónoma que ha sido detenido en varias ocasiones por su historial violento, según informó la Policía Nacional a raíz de este operativo.
Estos datos se recogen en un balance sobre el yihadismo en España en 2019 publicado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cuya sede se construye en Vitoria.
El estudio resalta por una parte que se han intensificado las operaciones policiales contra la financiación del terrorismo yihadista y por otra se ha actuado contra reclusos que hacían actividades de radicalización y reclutamiento dentro de las cárceles.
En total el año pasado fueron detenidas en España 58 personas, el doble que en 2018. Además, investigaciones con servicios extranjeros dieron lugar al arresto de otras diez personas en terceros países.
Otro dato del informe es que en 2019 Madrid desplazó a Cataluña como la comunidad en la que se llevó a cabo un mayor número de detenciones. En Madrid hubo 23 detenidos, en Cataluña 8 (7 en Barcelona y 1 en Tarragona).
Por detrás se situaron la Comunidad Valenciana y Andalucía (6 en ambas), Canarias (4), Euskadi (3), Melilla (2) y Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón y Ceuta (1 en cada).
Ceuta ha pasado de ser etiquetada como cuna de radicales o capital europea de la yihad con dos operaciones en 2013 y el mismo número en 2014 y 2015, antes del repunte de 2016 con cinco operaciones, e iniciar el descenso en 2017 con tres, ninguna en 2018 hasta terminar con una operación en 2019.
Por primera vez en los últimos años, el mayor número de detenidos se dio entre los ciudadanos con nacionalidad española, ya que fueron 26, aunque de ellos 7 eran de origen marroquí, 9 sirio y 1 de origen iraquí.
A ellos se suman 22 arrestados marroquíes, 3 argelinos, 2 sirios y el resto de Libia, Irak, Francia, Mauritania y Túnez, con uno cada uno.
Al menos 30 de los 58 detenidos el pasado año fueron acusados de vinculación con el Daesh y 10 de trabajar en favor de Al Qaeda, cifra que duplica la que se registró en el ejercicio anterior. Sobre el resto de detenidos no constan simpatías específicas por un grupo u otro o si mostraban afinidad con los dos.
El estudio también constata un mayor esfuerzo de las FSE en la lucha contra la financiación de estos grupos terroristas ya que si en 2017 un 7,8 % de los detenidos estaban implicados en esas actividades, el porcentaje de 2019 se eleva al 24 %.
En el pasado las FSE actuaban contra individuos que enviaban pequeñas cantidades de dinero a terroristas que operaban en Siria o en Irak, pero en los dos últimos años se han descubierto estructuras empresariales utilizadas para derivar importantes recursos económicos destinados no ya a individuos sino a alguna de las organizaciones terroristas más importantes como el Daesh o Al Qaeda.
En 2019 destaca la Operación Wamor, que condujo a desmantelar una "sólida estructura empresarial que, presuntamente, canalizaba recursos para Al Qaeda", señala el Centro Memorial, que recuerda que fueron detenidas 10 personas, 9 de ellas con nacionalidad española pero de origen sirio.
En la actuación contra la radicalización en las cárceles la Policía llevó a cabo la captura e interrogatorio de cinco reclusos y de otras tres personas que estaban en libertad, acusadas todas ellas de formar una célula dedicada a ese tipo de tareas.
Las investigaciones policiales constatan que, al igual que ha pasado en otros países vecinos, como en Francia, se están dando casos de que reclusos yihadistas utilizan la convivencia con presos comunes para radicalizarlos y atraerlos hacia el terrorismo, de ahí la importancia de estas actuaciones.
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