Durante los últimos años nos hemos ocupado en distintas ocasiones del tema de los residuos en Ceuta. En ocasiones refiriéndonos a ratas y roedores; otras, vertederos ilegales; etc. y hasta en octubre de 2018, redactamos sobre un atisbo de huelga o rescisión contractual con la concesionaria relacionado con este tipo de servicios urbanos. De nuevo, una columna de Carmen Echarri, pone el dedo en la llaga ante la suciedad que invade Ceuta, reiteradamente denunciada por sus ciudadanos, y también, porque no mencionarlo, situación que se prodiga por muchas ciudades de España. Me gustaría añadir a los ceutíes, y, se tratan de supuestos contrastados en otras ciudades, que sus pesares suelen ser constantes por la permisividad de los responsables, bien por dedicación prioritaria a zonas capitalinas consideradas emblemáticas, e inmediato supuesto abandono en detrimento paulatino de zonas periféricas; bien por razones presupuestarias o por las singularidades que compete al servicio programado entre Consistorio y Concesionario. En ocasiones, puede surgir una especie de pacto no escrito entre ambos, en el que pueden asumirse de antemano en que los servicios inicialmente planteados en el Pliego de Condiciones y la realidad de las prestaciones de los servicios realizados disten kilómetros de eficacia en limpieza urbana o toneladas de fallidas recogidas de residuos, reduciéndose frecuencias. Es decir, algo parecido a “una recomposición de filas acordes a la realidad”. Existen muchos principios citados en las Directivas 2008/98 y 2018/851 sobre residuos municipales, los cuales se ignoran y/o resultan costosos aplicarlos, significando que los citados residuos constituyen entre el 7 y el 10% del total generados en la U.E. resultando su gestión bastante compleja, sujeta a higiene, salubridad, medio ambiente, y sobre todo eficacia ante el ciudadano. Si no me falla la memoria, el contrato actual ascendió a unos 153 millones de euros, sin IVA, adjudicado a una UTE, única licitadora, por un periodo de 10 años, efectuando la adjudicataria una rebaja del 10% sobre el Presupuesto de Licitación. Generalmente el ciudadano desconoce los aspectos fundamentales como son las elaboraciones “intramuros” de los Presupuestos Municipales, y por otro, las eventualidades contractuales, que puedan afectar al Contrato, impidiéndole un desarrollo pacífico, ¿Qué suele ocurrir?: Las Entidades Locales licitan con unas exigencias de servicios muy superiores a sus disponibilidades reales financieras, y los licitadores arriesgan en sus ofertas, a la espera de un resarcimiento de futuro complicado. Además, este tipo de contratos suelen resultar de alta dureza laboral; muy proclives a los absentismos y la disponibilidad de una maquinaria semi obsoleta, sin adecuado mantenimiento, que la convierte en ineficaz la mayoría de las veces. Ardua tarea pues la del Consistorio ante un Contrato cercano a su expiración, y que aquel debería plantearse abstenerse de su renovación teniendo en cuenta las próximas elecciones de 2023, y ser posible, no dejar pesadas cargas a los próximos ediles, si fuera el caso.