Las entidades financieras no entienden las singularidades de parte de los agentes de la actividad económica ceutí, de las empresas que, en muchos casos por tener como principales clientes a empresas y ciudadanos del país vecino, desbordan los ratios de negocio en efectivo con los que se manejan las sociedades, de media, en el conjunto del país. Cuando a los responsables de control de riesgos de los bancos, hasta ahora sobre todo de Bankia pero también del BBVA o el Banco Santander, les ‘saltan’ balances con millones en metálico que escapan a su lógica, antes de arriesgarse a aparecer en titulares que liguen sus nombres con operaciones de blanqueo o cosas peores prefieren prescindir de clientes por muy antiguos (incluso amigos íntimos de los directores de las sucursales locales) o económicamente poderosos para la escala de Ceuta que sean. La problemática de la negativa a aceptar billetes de cien o más euros, primero, y del bloqueo de cuentas o la invitación a dejar de ser clientes, después, ha afectado ya a “decenas” de empresarios locales. Mientras el Gobierno de Vivas mantiene sin ningún cambio la hoja de ruta que trazó en el último Pleno, organizar reuniones de Procesa con los bancos, según indicaron ayer desde el Ejecutivo local a este periódico, los parlamentarios nacionales han trazado, con el diputado Juan Bravo a la cabeza, una estrategia más ambiciosa que parte de la convicción, consensuada con los principales expertos nacionales en la materia, de que los bancos no cambiarán de postura mientras el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) no respalden de alguna forma, negro sobre blanco, la legalidad de las singularidades económicas ceutíes más allá de la posible aparición, en toda esta tormenta, de algún ‘garbanzo negro’. Bravo ha contactado con alguno de los principales especialistas españoles para que emita un informe al SEPBLAC y al Tesoro en el que se analicen y detallen las especificidades locales (el pago en efectivo, los clientes de Marruecos, sus dificultades para hacer transferencias...). En paralelo, se trabaja en la posibilidad de que la Agencia Tributaria o Servicios Tributarios, o ambos, elaboren un catálogo de empresarios con buenas prácticas que tengan el aval y el respaldo de las instituciones en su actividad rutinaria. “Debemos buscar una forma de premiar a los buenos y de que de todo esto salga algo positivo que mejore la economía y dé laxitud sin perder el control”, apuntó Bravo.