Las Consejerías de Sanidad, Presidencia y Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta han llegado a un principio de acuerdo este miércoles con la Delegación local de la Comisión Islámica de España (CIE) sobre la organización de la Pascua musulmana del Sacrificio de este año, que tendrá lugar el 20 de julio y en la que los fieles podrán cumplir con su rito de acuerdo con la legislación vigente, tal y como se había comprometido a lograr el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Para conseguirlo ha sido necesario ajustarse a todos los requerimientos sanitarios impuestos por los técnicos.
El Ejecutivo local ha explicado a la CIE que la administración autonómica dará autorización de inmediato a los ganaderos para que inicien la importación de 4.500 animales, el número que se había venido sacrificando cada año por Aid El Kebir hasta 2020, cuando la fiesta no pudo celebrarse de manera rutinaria por la pandemia de la COVID-19.
Dicha cifra podría aumentar en caso de necesidad y en función de la evolución de su venta, tal y como ha indicado el presidente de la Delegación de la Comisión Islámica, Hamido Mohamed, entidad que será la encargada de supervisar desde un punto de vista religioso la realización de los sacrificios y que ha alabado la disposición de la administración a hacer viable la festividad pese al contratiempo que, en términos de planificación, ha supuesto la crisis fronteriza de mediados de mayo.
La Ciudad va a poner en marcha un programa de formación de matarifes a través de una academia local y sobre los manuales oficiales de oposiciones de la administración para contar, durante nueve días hasta la fecha central de la Pascua Grande musulmana, con tres turnos (de veterinario, matarife, auxiliares y peones) que cubran las 24 horas del día para realizar sacrificios en el matadero, cuyas líneas se van a ampliar equipadas con aturdidores, tal y como prescribe la legislación y sus últimas actualizaciones.
Para el traslado de los animales desde los cebaderos hasta el matadero se dispondrá también de servicios de transporte que cumplan igualmente con toda la normativa que así lo exige, tal y como han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.
El Reglamento europeo 1099/2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza y de aplicación desde el 1 de enero de 2013, tiene por objeto “garantizar que se evite cualquier dolor o sufrimiento innecesario, basándose siempre en la última información científica disponible”.
Su desarrollo nacional se hizo a través del Real Decreto 37/2014, por el que se establecieron disposiciones específicas de aplicación en España en relación con la formación del personal, la matanza de emergencia fuera del matadero y para consumo doméstico privado y la comercialización de productos de equipamiento de sujeción y aturdimiento, entre otros asuntos.
En su artículo 8 ese texto encomienda a “los órganos competentes de las Comunidades y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla” llevar a cabo “los controles oficiales necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento 1099/2009 en relación con el consumo doméstico privado”, que a su vez exige que “los animales se matarán únicamente previo aturdimiento” y que “la matanza y las operaciones conexas a ella deberán realizarlas únicamente personas con el nivel de competencia adecuado para ese fin, sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento evitable”.
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