El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del
Gobierno de Ceuta, Yamal Dris, llevará al próximo Pleno la propuesta de constitución de una Comisión que, con miembros políticos y técnicos, se encargue de “estudiar la forma de gestión más sostenible y eficiente del
servicio público de transporte colectivo urbano” y de elaborar “la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución del Pleno de la Asamblea” para que la Ciudad asuma su gestión directa desde el 28 de diciembre.
Dris va a proponer que el citado órgano esté formado por un representante de cada uno de los partidos con escaños en la Asamblea, así como por los dos diputados no adscritos y por cuatro representantes de
Amgevicesa (sociedad a la que se prevé adscribir el servicio), Medio ambiente, Contratación e Intervención.
Una vez contratadas dos consultorías externas técnica y jurídica, el Ejecutivo local se ha propuesto, entre otros objetivos, que la municipalización de los autobuses urbanos permita “establecer líneas extraordinarias para colectivos o periodos determinados, así como para
turistas con carácter general o con motivo de ciertos eventos”.
Entre los objetivos políticos de la decisión también está “alcanzar unos niveles de calidad equiparables a las medias nacionales en cuanto a líneas, frecuencias, vehículos y servicios complementarios” o “propiciar la articulación del territorio y una mejor conectividad de las
barriadas”.
Igualmente se persigue “fomentar el transporte público y el consiguiente ahorro energético”; “modernizar la flota en función de las innovaciones y avances tecnológicos producidos y según criterios de eficiencia económica, energética y medioambiental”; y “abaratar el coste total del servicio, entre otros capítulos, por la vía de la eliminación del beneficio industrial del concesionario”.
Desde el punto de vista del Ejecutivo local, “las características singulares de Ceuta en cuanto a reducido tamaño, tanto en superficie como de la población, morfología irregular, algunos núcleos poblacionales dispersos y, en ciertos casos, de difícil conexión, y un uso muy intenso de los vehículos particulares, hacen difícil mantener en el servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús unos niveles de calidad y de tarifas equiparables a las medias nacionales y, al mismo tiempo, el equilibrio económico de la consiguiente explotación”.
Hasta el cierre de la frontera el tráfico hacia y desde el Tarajal representaba “aproximadamente el 50% de los ingresos totales de la empresa concesionaria”, pero la clausura del paso y la pandemia y, ahora, la reapertura en unas condiciones distintas (sin libertad de tránsito sin visado para los residentes en la
provincia de Tetuán) que se quieren mantener hacen presumir que la pérdida de ingresos es “irreversible”.