El CETI recibió durante todo 2018 a 926 argelinos y 965 subsaharianos

Más allá de las estadísticas de Interior sobre migrantes indocumentados interceptados, que no distinguen por nacionalidad, con la distorsión que generan los de nacionalidad marroquí, que son inmediatamente devueltos desde Ceuta al país vecino, los registros oficiales de ingresos en el CETI de la ciudad durante 2018 reflejan que el pasado fue un año relativamente ‘tranquilo’ en comparación con los anteriores.

Durante todo el año pasado entraron en el equipamiento de El Jaral 965 personas de origen subsahariano, 926 argelinos y 86 de otras nacionalidades, un total de 1.977 personas. Hay que remontarse hasta 2013 (1.930) para encontrar una cifra inferior a dos millares y tanto en 2016 como en 2017 se superaron los 3.000 foráneos albergados tras acceder irregularmente a la ciudad.

Todavía más significativo resulta que enero, con 60 acogidos subsaharianos en el CETI, fue el mes con más presión migratoria exitosa sobre Ceuta del año pasado si se exceptúa, claro, julio, cuando en un solo salto más de 600 migrantes lograron entrar en territorio español (616 en todo ese mes).

El número de personas del África Subsahariana llegado a Ceuta llegó a caer a solo 4 el pasado mes de diciembre, no pasó de 23 ni en noviembre ni en octubre y se quedó en 14 en septiembre después de que en agosto, cuando se devolvió a 113 de forma exprés, se limitó a 41.

El caso de la presión migratoria argelina es diametralmente opuesto. Tras Guinea Conakry (5.325), ese país del Magreb es el que ha traído más nacionales al CETI durante la última década (3.451) pero jamás cerca del millar, como el año pasado.

Su número no ha dejado de aumentar desde 2011, cuando fueron 114 los argelinos que llegaron a El Jaral. Al ejercicio siguiente lo hicieron 199 y al otro, en 2013, 427.

En 2014 la cifra aumentó a 444 y el año siguiente medró hasta 549, 587 en 2016 y 654 en 2017.

Por meses, tanto en octubre como en noviembre del año pasado entraron en Ceuta y después en el CETI 128 y 116 argelinos, respectivamente. En agosto fueron 103 pero solo en abril (35) la media de entradas irregulares fue sensiblemente inferior a una media de dos al día.

Más magrebíes por la ruta oriental y por la occidental

Durante el año 2017 las principales nacionalidades de llegada a Grecia, por la ruta del Mediterráneo oriental, fueron Siria, Irak y Afganistán, que registró “un notable descenso” respecto a 2016. Aumentó el número de personas procedentes de Argelia, Palestina e Irán. En la del Mediterráneo occidental “las principales nacionalidades de llegada a España fueron Marruecos, Argelia y Guinea”, según CEAR, que detectó que “a consecuencia del refuerzo de la frontera terrestre de Marruecos con España, de la práctica de las devoluciones ilegales y de la falta de opciones legales y seguras, aumentó la peligrosidad de las rutas migratorias”.

“Impunidad” y juicios “injustos” a minorías, retrato de AI

Según el informe 2017-2018 de Amnistía Internacional (AI), durante los dos últimos años en Argelia “las autoridades siguieron deteniendo arbitrariamente a participantes en manifestaciones pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas”. Además, “las asociaciones continuaron sufriendo restricciones indebidas, y siguió vigente la legislación que restringía el derecho a fundar sindicatos” y “se enjuició injustamente a miembros de la minoría religiosa musulmana ahmadí”. Persistió “la impunidad de los abusos cometidos en el pasado” y las personas migrantes “corrían riesgo de expulsión colectiva”. Los tribunales impusieron condenas a muerte pero sin ejecuciones. AI denuncia que las autoridades no tomaron medidas para abrir investigaciones y hacer frente a “la impunidad de abusos graves contra los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violación y otras formas de tortura, cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados en la década de 1990, durante el conflicto interno de Argelia, que se saldó con la muerte o desaparición forzada de alrededor de 200.000 personas”. Se ha denunciado hasta violaciones del derecho a interponer recurso, a la vida y la prohibición de la tortura.