El cierre de la frontera del Tarajal y la coyuntura mundial de la pandemia del coronavirus, que ha rebajado prácticamente a cero la presión migratoria sobre la ciudad autónoma, mantiene el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en sus niveles de ocupación histórica más bajos.
Según fuentes no gubernamentales conocedoras del estado del equipamiento del Jaral, este actualmente solamente alberga a unos 200 foráneos, únicamente alrededor de una veintena de origen subsahariano (la mayoría de Guinea).
El resto se reparte entre un puñado de argelinos (aproximadamente media docena) y una gran mayoría de marroquíes, nacionalidad a la que hasta después de la declaración del estado de alarma por la COVID-19 no se permitía la entrada salvo que se tratase de solicitantes de protección internacional. Con el paso de los meses la Administración General del Estado ha ido flexibilizando ese criterio para permitir que se dé cobijo en el CETI a los ciudadanos del país vecino que cumplen los 18 años y dejan de estar bajo la tutela de la Ciudad Autónoma, intentando de esta forma que no queden en situación de calle y desamparo. El Centro alcanzó en los 2018 y 2019 sus niveles más altos de ocupación media anual, con 719 y 714 acogidos. El año pasado esa ratio cayó a 453, cerca del mínimo que se marcó en 2008 (394).
Poniendo estas cifras en perspectiva, parece mentira que la ocupación media del CETI oscilase entre los 719 y 714 acogidos en el periodo 2017-2018, según los datos que proporcionaba entonces el Gobierno central al senador de Compromís Carles Mulet.
Aunque la entrada de marroquíes en el CETI solía condicionarse a que fueran peticionarios de Protección Internacional, durante los últimos meses se ha empezado a dar cabida en sus instalaciones atendiendo a su “vulnerabilidad” a jóvenes marroquíes (actualmente, unos 30) que permanecían tutelados por la Ciudad Autónoma hasta cumplir la mayoría de edad, cuando podían cruzar el Estrecho o regresar a su país.
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