La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este lunes con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebró el domingo, su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, en el que denuncia que los
CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades, entre otros muchos recursos destinados exclusivamente a evitar que lleguen o a expulsar a los migrantes, constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”. Según el seguimiento que anualmente realiza la organización, 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros. La Asociación denuncia que todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la
frontera sur, “a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”, explican. Detallan que estos “ingentes recursos” van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, además de los CETI de Ceuta y Melilla. También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello, critican, “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”. “Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización, que cifra en un 29% el incremento de las personas que -en 2020 y respecto a 2019- lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas). Por ello, la asociación pone de relieve una vez más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Y en general, pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte, denuncian, es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur. Por otro lado, analizan que, si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti covid se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones. Lamentan que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular” La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa. Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo lleva realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.