Solicita un modelo común de declaración de accesibilidad en la transposición de la directiva europea
Cermi Ceuta ha puesto de relieve la iniciativa presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la que solicita cómo transponer al derecho español la Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público que reclama, entre otras cuestiones, que el modelo de declaración de accesibilidad sea común.
En este sentido, considera que tiene que ser aprobado por el Gobierno y posteriormente sustituido por el que se acuerde a nivel comunitario, además de incluir un apartado en el que el organismo o empresa explique qué partes de su web o aplicación móvil no son accesibles, apuntando además las causas.
El objetivo de esta nueva norma es garantizar que las personas con discapacidad o de avanzada edad puedan acceder en igualdad de condiciones a las tecnologías de la información y la comunicación. La directiva fue aprobada definitivamente en octubre de 2016, entró en vigor en diciembre y los Estados miembro de la Unión Europea deben transponer este texto a su ordenamiento jurídico antes del 23 de septiembre de 2018. El Cermi considera que, “a pesar de algunas insuficiencias de la normativa comunitaria, es un avance contra la exclusión digital por ausencia de condiciones de accesibilidad que sufren muchas personas impedidas y mayores”, comentan. Por ello la entidad solicita que “se vaya más allá” de la directiva europea cuando se trata de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de entidades privadas que ofrezcan servicio de uso público en diferentes ámbitos, como sanidad, asistencia infantil, la inclusión social, el transporte o diferentes suministros como el agua o la electricidad.
La propuesta del Cermi hace hincapié en la necesidad de actualizar la normativa española para que se exijan criterios mínimos de accesibilidad en las nuevas plataformas de comunicación e información que van apareciendo, como diferentes redes sociales.
La propuesta también recoge que las organizaciones que crean que no pueden cumplir los criterios mínimos de accesibilidad deberán solicitar un permiso al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y especifica que en ningún caso podrán hacer uso de este procedimiento instituciones o empresas integradas en el sector público.