El cerco a los petaqueros: la lucha política contra el narco

El PP llevará al Senado este miércoles una proposición no de ley para tipificar como delito la actividad del petaqueo. AUGC, asociación de guardias civiles con representación también en Ceuta, respalda que se endurezca el Código Penal en los delitos que tienen que ver con el narcotráfico, pero pide también más recursos como protección laboral y jurídica para los guardias civiles.

El petaqueo es la base del narcotráfico, porque gracias a esa logística se traslada combustible, enseres o incluso a personas para que las narcolanchas puedan disponer de recursos en alta mar, ante la imposibilidad de atracar en puerto al tratarse de un género prohibido.

Con la proposición no de ley del PP se busca modificar aspectos del Código Penal en materia de lucha contra el narcotráfico, castigando con penas de entre tres y ocho años de prisión “la posesión, depósito o transporte de combustibles líquidos con temeridad manifiesta, contraviniendo las leyes y fuera de los supuestos legalmente autorizados, en cantidad superior a 20 litros".

A lo que aspiran los populares es a conseguir también el aumento de las penas para el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, incorporando agravantes en los casos de ataques a agentes con embarcaciones.

Narcolanchas en espera y nexo clave

AUGC señala a los petaqueros, que usan pequeñas embarcaciones y que son el nexo clave con el narcotráfico entre las costas de Marruecos y el Campo de Gibraltar.

El procedimiento que llevan a cabo es el siguiente: las narcolanchas esperan a kilómetros de la orilla en alta mar y estas pequeñas embarcaciones, permitidas en España, les hacen llegar el combustible para que puedan seguir llevando la droga a la costa.

Al principio eran jóvenes quienes realizaban esta actividad, pero se han formalizado organizaciones conexas con el narcotráfico que logran grandes beneficios con un mínimo riesgo y las embarcaciones se fabrican en su mayor parte en Portugal. Esta actividad es cada vez más frecuentada por menores, iniciándose así en el narcotráfico.

Desde AUGC recuerdan que llevan tiempo reclamando que es necesaria una tipificación de este delito de forma independiente para su prohibición y que se pueda redactar una ley específica sobre el transporte de combustible. Además, indican, con la falta de medios terrestres y acuáticos es imposible interceptar las embarcaciones de los petaqueros que salen cada día.

Penas irrisorias por estas prácticas

Actualmente, el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre regula las medidas contra las embarcaciones que llevan a cabo tráfico ilegal de personas y mercancías. En la normativa, se incluyen las embarcaciones que presenten más de ocho metros de eslora o que, en su defecto, tengan una medida menor pero una potencia de motor superior a los 150 caballos.

En España, el petaqueo solo se sanciona en el caso de que se supere el valor de 50.000 euros en bienes incautados, con pena irrisorias de prisión de uno a cinco años y multas que pueden multiplicarse hasta seis veces el valor de lo incautado.

“Estas propuestas legislativas representan un avance necesario para enfrentar el narcotráfico, un problema que afecta gravemente a la seguridad pública, a la salud de los ciudadanos y a la integridad de los agentes que combaten en primera línea a estas redes criminales. Sin embargo, desde AUGC queremos insistir en que estas reformas normativas deben ir acompañadas de una estrategia integral y recursos adecuados para garantizar su eficacia”, indican.

“Por ello, y aunque apoyamos esta iniciativa que endurece el Código Penal en los delitos de tráfico de drogas, insistimos en que esta medida debe ir acompañada de un aumento de recursos y personal para los agentes, formación especializada para combatir redes criminales cada vez más sofisticadas, mejora en la protección laboral y jurídica de los guardias civiles, creación de juzgados especializados en este ámbito, mayor protección jurídica para los agentes en sus actuaciones y reforzar el principio de autoridad, modificando el código penal que aumente el castigo penal por agresiones a los agentes y una apuesta por la cooperación internacional y las políticas preventivas que aborden el problema de raíz”.