La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha alertado de la “grave situación” que atraviesan las pymes en España, y también en Ceuta, un escenario que asegura que se ha visto agravado por el deterioro del diálogo social con el Ministerio de Trabajo.
La organización considera que la exclusión de las asociaciones empresariales en la toma de decisiones clave supone un desconocimiento de la realidad del tejido productivo y un riesgo directo para su estabilidad.
En este sentido, CEPYME recuerda que las pymes representan el 99% del tejido empresarial español, lo que, a su juicio, hace imprescindible que su voz esté presente en todas las decisiones que afectan a la economía nacional.
La Confederación subraya que el Artículo 7 de la Constitución Española ampara la libertad de organización de las asociaciones empresariales y su derecho a defender los intereses económicos y sociales de sus miembros.
Por ello, insiste en que su posición no responde a una actitud de bloqueo, sino a la defensa legítima de las pequeñas y medianas empresas ante medidas que afectan directamente a su competitividad y supervivencia.
CEPYME destaca además su estructura territorial, provincial y sectorial como un elemento clave que le permite representar de forma directa y cohesionada a las pymes en todo el país, garantizando que sus necesidades reales lleguen a las instituciones con conocimiento del terreno.
Entre los principales problemas, la organización señala el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que generan importantes cargas administrativas especialmente para las microempresas. Según advierte, esta situación reduce la capacidad de crecimiento y resta recursos esenciales para la actividad económica.
A ello se suman la presión fiscal, el aumento de costes laborales y operativos, y las recientes medidas en materia salarial y normativa laboral. CEPYME alerta de que este conjunto de factores está reduciendo márgenes de beneficio y dificultando la inversión empresarial.
La Confederación también advierte de la vulnerabilidad de la microempresa, las dificultades para avanzar en digitalización y la incertidumbre normativa, elementos que, según señala, configuran un escenario de creciente inseguridad jurídica.
CEPYME reclama al Ejecutivo un diálogo social efectivo y transparente, así como la adopción de medidas proporcionales que tengan en cuenta la realidad de las pymes. Entre sus propuestas se incluyen incentivos fiscales, apoyo a la digitalización y políticas adaptadas a la dimensión empresarial.
La organización advierte de que, de no corregirse esta situación, podrían aumentar los cierres de negocios, la despoblación y la pérdida de cohesión territorial.
Finalmente, CEPYME reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible, la innovación y la creación de empleo, y asegura que continuará trabajando para que la voz de las pymes tenga un papel central en las decisiones que afectan a su futuro.
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