La Confederación Española de Policía (CEP) ha acusado al Ministerio del Interior de haber fracasado “antes, durante y después” de la mayor avalancha migratoria registrada en Ceuta, según expuso este jueves ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras del Parlamento Europeo.
El sindicato sostiene que más de 72.000 personas entraron irregularmente en apenas dos días en una ciudad de unos 85.000 habitantes y que los agentes afrontaron la situación sin medios suficientes, previsión ni unas condiciones de trabajo adecuadas.
CEP defendió ante los eurodiputados de distintos grupos políticos que el episodio no fue imprevisible ni inevitable. Según su relato, las autoridades de Ceuta llevaban semanas alertando del incremento de las entradas a nado.
El 29 de julio, un día antes del colapso fronterizo, el sindicato ya advertía de que más de 1.000 personas habían llegado en una semana, de que los recursos de acogida estaban saturados y de que los policías se encontraban al límite de su capacidad operativa.
“El Ministerio del Interior no fue víctima de la crisis: fue responsable de no anticiparla”, afirmó CEP ante la Eurocámara. El sindicato asegura que Interior había recibido avisos previos y que conocía la situación de la frontera, pero que no activó los recursos necesarios hasta que la crisis ya se había producido.
CEP considera que esta falta de anticipación resulta especialmente relevante porque, desde el 8 de julio, el Ministerio conocía además una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la tramitación individual de los rechazos en frontera de las personas que llegasen a nado.
A juicio de CEP, Interior debería haber activado refuerzos, procedimientos y recursos específicos ante la situación de vulnerabilidad de la frontera marítima de Ceuta.
El sindicato considera que la falta de previsión convirtió ese punto de entrada en una vía especialmente expuesta a la llegada masiva de personas y reprocha al Ministerio no haber adoptado medidas suficientes antes de que se produjera la avalancha.
La organización policial vinculó además la gestión de la crisis con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos aportados por CEP, el Ejecutivo calculó inicialmente que la medida afectaría a unas 500.000 personas, pero finalmente recibió 1.174.978 solicitudes.
El sindicato sostiene que la tramitación de más de un millón de expedientes de identificación, documentación y consulta de antecedentes ha recaído sobre una Policía Nacional sin los refuerzos necesarios.
CEP asegura que todavía quedarían más de 600.000 solicitudes pendientes de resolución y advierte de que las consecuencias de la medida trascienden las fronteras españolas. Aunque un permiso de residencia expedido por España no permite trabajar o establecerse automáticamente en otro Estado miembro, sí permite viajar por el espacio Schengen durante 90 días dentro de un periodo de 180, una circunstancia que, según el sindicato, justifica una mayor supervisión europea.
La comparecencia ante el Parlamento Europeo sirvió también para cuestionar las cifras ofrecidas por el Gobierno después de la avalancha. CEP recuerda que Interior afirmó inicialmente que la situación había quedado revertida en 24 horas, mientras que, 26 días después, el Ejecutivo declaró la situación de interés para la seguridad nacional. El Ministerio ha manejado posteriormente cifras de 72.000 entradas, 70.000 retornos y unas 5.000 personas que permanecerían en Ceuta.
El sindicato considera que esos datos no encajan con las estimaciones del Gobierno de Ceuta, que habría situado la presencia real de personas llegadas durante la crisis entre 8.000 y 11.000.
“Un Estado que no sabe cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en su territorio tampoco sabe quiénes son, dónde están ni qué riesgos debe afrontar”, denunció CEP, que calificó la situación de “agujero negro de seguridad”.
La organización policial volvió a denunciar, asimismo, las condiciones de alojamiento de los agentes desplazados como refuerzo. Según CEP, algunos policías tuvieron que dormir hacinados sobre colchones viejos y sucios y alrededor de 70 agentes llegaron a compartir un único inodoro.
Pese a estas condiciones y a las agresiones sufridas por policías, guardias civiles y militares, el sindicato destaca que los efectivos continuaron desempeñando sus funciones en la frontera y en las calles de Ceuta.
CEP también cuestionó la respuesta del Gobierno a la ayuda ofrecida por la Unión Europea. El sindicato señala que, mientras España reclama financiación comunitaria de hasta el 90% para nuevas inversiones destinadas al control fronterizo, únicamente habría solicitado diez especialistas de Frontex para afrontar la crisis.
“Interior pide a Europa un cheque millonario, pero ante una crisis de 72.000 entradas responde con diez especialistas”, sostuvo la organización.
La organización reclamó además a las instituciones europeas que investiguen el posible papel de Marruecos en la avalancha migratoria, incluida la hipótesis de una eventual instrumentalización de los flujos migratorios “por acción o por omisión”.
CEP considera que el posterior retorno de una parte de las personas que entraron en Ceuta no explica por sí solo cómo pudieron concentrarse decenas de miles de personas junto a la frontera y acceder a territorio español en cuestión de horas.
Ante el Parlamento Europeo, el sindicato reclamó una supervisión europea de la regularización extraordinaria, datos verificables sobre lo ocurrido en Ceuta y un protocolo comunitario para afrontar futuras entradas masivas.
Entre sus propuestas figuran la activación coordinada de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo, el refuerzo permanente de las plantillas policiales, mejores infraestructuras fronterizas y mecanismos de cooperación más exigentes con terceros países.
La CEP incorporó a su intervención las informaciones conocidas sobre un informe remitido a la Audiencia Nacional por el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Según lo publicado y de acuerdo con la interpretación realizada por el sindicato, la Policía Nacional habría alertado el 29 de julio de un riesgo extremo de entrada coordinada por vía marítima al día siguiente. El análisis apuntaría, siempre según estas informaciones, a una operación planificada, con gendarmes marroquíes guiando el flujo y personas de paisano siguiendo su desarrollo.
CEP considera que, si esas advertencias fueron efectivamente trasladadas a los responsables políticos antes de la entrada masiva, el contenido del informe plantea nuevas preguntas sobre la respuesta de Interior y sobre la actuación de las autoridades marroquíes.
El sindicato sostiene que existieron avisos concretos, tiempo para reaccionar y margen para reforzar el control de la frontera, y acusa al Gobierno de no haber utilizado esas posibilidades.
La organización concluyó su comparecencia reclamando responsabilidades políticas, refuerzos policiales y una mayor implicación de las instituciones europeas en la protección de la frontera exterior.
“Los policías españoles seguiremos protegiendo la frontera europea, porque es nuestro deber”, afirmó CEP, que considera que la profesionalidad de los agentes no puede convertirse en la respuesta permanente ante la falta de planificación.
El sindicato fue especialmente crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sostuvo que, ante la gravedad de los hechos que atribuye a su departamento, “no puede permanecer un minuto más al frente del Ministerio”.
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