Con paraguas en alto y coreando consignas como “la borrasca Marlaska”, varios representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) se concentraron este martes para exigir la dimisión del ministro del Interior. La protesta, celebrada frente a la sede ministerial, reunió a distintos miembros del sindicato, entre ellos dos agentes desplazados desde Ceuta.
Concretamente estuvieron presentes el secretario provincial, Eduardo García, y el responsable de Organización y Relaciones Laborales, Antonio Castillo, quienes respaldaron públicamente las reivindicaciones planteadas.
Esta movilización constituye la segunda concentración sindical organizada en la misma semana ante las puertas del Ministerio del Interior en Madrid. Desde la organización convocante se insiste en que el ministro podría haber adoptado medidas disciplinarias contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional.
Además de reclamar responsabilidades políticas, los manifestantes quisieron expresar su apoyo a la presunta víctima de los abusos sexuales denunciados, subrayando la importancia de actuar con contundencia ante hechos de esta gravedad.
El sindicato ha criticado abiertamente que al DAO se le haya permitido, según sus palabras, jubilarse sin expediente disciplinario, percibiendo su pensión con normalidad. Para la CEP, esta situación refleja una falta de actuación inmediata por parte de los responsables políticos. Consideran que la ausencia de consecuencias transmite un mensaje negativo tanto dentro del cuerpo policial como ante la opinión pública.
En la misma línea, el portavoz de la CEP, David Gutiérrez, señaló que el “número dos” del cargo implicado, en referencia a Óscar San Juan, ha sido reubicado en otro puesto sin que se haya decretado su suspensión de empleo y sueldo. Estas decisiones han generado un profundo malestar en el sindicato, que interpreta los hechos como una respuesta insuficiente ante acusaciones de especial trascendencia.
Desde la organización califican lo ocurrido de “inconcebible”, argumentando que cualquier otro policía nacional habría afrontado consecuencias inmediatas ante una querella con la carga probatoria que, aseguran, presenta este caso. En su opinión, el trato dispensado evidencia un doble rasero que perjudica la imagen del cuerpo y debilita la confianza interna.
Por último, la CEP ha insistido en que, de tratarse de otro agente sin responsabilidades de alto nivel, probablemente se habría ordenado incluso su detención preventiva mientras avanzara la investigación.
Con estas declaraciones, el sindicato pretende reforzar su exigencia de transparencia, igualdad de trato y responsabilidades políticas, reiterando su petición de que se asuman decisiones firmes para preservar la credibilidad institucional.
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